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Los Lafkenche y el Nuevo Trato;

el doble estándar de la política gubernamental

Por: Luis Llanquilef Rerequeo
Sociólogo y dirigente Lafkenche

Quidico, Martes 08 de febrero 2005

PRESENTACION

El año 2004 dejo en Chile, en materia de Derechos Humanos, una enseñanza fundamental, el racismo anti-mapuche - como el atropello a la dignidad humana durante el régimen militar- es y a sido institucional, de esto dan cuenta las medidas jurídicas dictatoriales aun vigentes, y la correspondiente aplicación de esas leyes, llamadas anti-terroristas, en contra de lideres y dirigentes del pueblo mapuche.

Estas son, sin dudas, y a la luz de los acontecimientos, actitudes reales de ese racismo institucional, tan fuertemente anclado en la historia del país, y hoy, aplicado por las actuales autoridades, y que desgraciadamente, pocos defensores de los Derechos humanos se atreven en cuestionar.

En Arauco, tanto las comunidades Lafkenche, como dirigentes y comuneros en general, se preguntan con insistencia si, para el gobierno y la opinión publica el atropello a los Derechos Humanos es ¿solo un asunto que concierne el pasado militar?, es decir, solo corresponde investigar los últimos 30 años de la republica o ir más atrás.

Ahora, si de lo que se señala, alguien aún no esta convencido, preguntémosle su opinión a las comunidades reprimidas, a los encarcelados como Víctor Ancalaf, a los enjuiciados, dejados libre y vueltos a procesar, como los comuneros Pichun y Norin. Y si con eso no basta, preguntemos que paso con el asesinato de Alex Lemun, impunidad pura -condenada incluso internacionalmente- pero en el país, garantizada por las leyes que se promulgaran durante el periodo militar, disposiciones jurídicas anti-democráticas, condenadas en su tiempo por los gobernantes que hoy, mediaticamente, aplauden los resultados del informe Valech.

De igual manera, puesto que existe un periodo propicio para reflexiones históricas, para hablar de Derechos humanos, seria bueno ver como se han tratado en Chile los 200 años de historia nacional.

Para ello, en el mes de octubre 2003 fueron entregadas las conclusiones finales de la Comisión Verdad y Nuevo Trato Indígena -CVNTI-, constituida por el presidente Lagos bajo Decreto supremo en el mes de enero del 2001, se suponía, que sus recomendaciones serian la hoja de ruta que necesitaba el actual gobierno para tomar, las disposiciones necesarias al establecimiento de un nuevo trato con los indígenas del país.

Esa pauta ha seguir, ese camino ha emprender, lo entrego el 16 de abril del 2004, el Presidente de la Republica, fecha en la que presento al país los lineamientos que guiaran en Chile, del 2004 al 2010, los pasos del Estado en esta materia.

Sabiendo que esta comisión tenia como mandato, la redacción de un documento donde se informara al Ejecutivo de la historia de las relaciones que han existido entre Estado y Pueblos Indígenas.

Que, además esta comisión sugiriera propuestas y recomendaciones para que el Estado pueda avanzar en una actitud de Nuevo Trato con los Indígenas del país, en conjunto con la ciudadanía entera.

Que, de igual manera, estas recomendaciones hicieran referencia a mecanismos institucionales, jurídicos y políticos, para un pleno reconocimiento de los derechos indígenas, todo esto bajo un sistema democrático que alcance consenso social, y reconstruya confianzas históricas.

Considerando entonces los diversos temas que se incluyeron en este informe, y por ese intermedio, la propuesta del Estado de instaurar un sistema relacional con los Pueblos Indígenas del país, basado este en el concepto de Nuevo Trato, aparece como muy necesario analizar el fondo y el carisma que comporta el texto de la comisión, sobre todo si de este se desprenden las proposiciones gubernamentales que se han hecho publicas, y que deberán sancionar, antes del 2010, todos los chilenos.

Luego de repasar el informe, hay que lamentar que ese riquísimo trabajo investigativo y documental sea dispar entre las constataciones y convicciones a las que llego, con las posteriores propuestas y recomendaciones que efectuó.

Ese foso existente entre constatación y propuesta, es el que permite asegurar que el nuevo trato ideado es solo un reacomodo jurídico del estado sobre una historia que, definitivamente, desde la visión oficial no será jamás zanjado con equidad.

I. EL RUMBO INTELECTUAL DE LA HISTORIA OFICIAL

Por comenzar, aparece como necesario también comentar la intervención del mundo académico en la redacción final del documento que se hizo publico, fines de octubre del 2003.

En Chile, lo que no se entiende o simplemente no se quiere entender, es que un "nuevo trato", Estado Pueblos Indígenas, necesariamente debe tener como base de entendimiento, la definición de un proyecto de convivencia nacional, agenda que supere cualquier reacomodo jurídico que se plantee de aquí al 2010, fecha del bicentenario de la republica.

Esto ya que en Chile, después de la declaración de su independencia, arremetió militarmente contra pueblos y territorios que no poseía, y como formula de legitimación de ese proceso de ocupación, construyo un marco jurídico que le permitió dar nacimiento, a lo que hoy los expertos de la comisión verdad consideran como, la propiedad indígena.

Pero, solo bastaría mirar el libro "Legislación Indigenista de Chile" publicado por Álvaro Jara y editado por el Instituto Indigenista Interamericano en 1956, para percatarse que quienes trabajaron en la redacción final del documento, no adoptaron la independencia necesaria para tratar con imparcialidad el periodo histórico que les correspondió analizar, y eso merece, a juicio de muchos, la más alta preocupación.

"Esta legislación no brotó simple y llanamente. A medida que avanzaba la línea de la Frontera, y adelantaba la ocupación de la Araucanía, fue surgiendo toda una ordenación jurídica destinada a dar forma satisfactoria, para los ocupantes, a la realidad nueva que habían creado. Avance militar y legislación relativa a las zonas ocupadas aparecen como dos líneas paralelas. Adelantaba su línea el ejercito y se creaban nuevas provincias, nuevos departamentos, en los cuales se disponía ahora de tierras que se entregaban a los particulares a titulo de colonización o de remates, a cuyo lado se presentaba el problema de radicar a los indígenas que habían sido despojados de sus tierras. El conjunto formado por tales situaciones y aspectos diferentes de una realidad especial fue afrontado mediante la promulgación de leyes que preveían o tomaban en cuenta los intereses que llevaban adelante, en sus diversas facetas, el esfuerzo conquistador".

Dicho texto, demuestra que la propiedad indígena en Chile se construyó sobre la base de una ocupación de territorios, los que la republica no controlaba, ni poseía. Y que las leyes que luego se promulgaron, solo tomaron en cuenta las diferentes facetas que ese esfuerzo conquistador comportaba, y que no era otro, que el de privar de soberanía a una nación que lo único que no-tenia -algo normal ya que poseía otro ordenamiento interno- era su propio Estado.

A esta interminable cadena de reacomodos jurídicos que levanta la republica, época tras época, habría que incluirle la actual propuesta del gobierno Lagos; política de nuevo trato en el marco de la discriminación positiva del Estado hacia los pueblos originarios.

Por otro lado, es sabido que la historia oficial chilena la han escrito los vencedores, y que cuando esta a estado en peligro, se ha recurrido siempre a la fineza académica de la materia gris criolla.

Entonces, no debiera ser novedoso que quien redactó el informe final de la Comisión Verdad y Nuevo Trato, haya omitido analizar un elemento crucial del proceso estudiado, lo relativo a la soberanía mapuche.

Es indudable que muchos de los trazos dejados por los antiguos, Lonko y autoridades mapuche, han terminado en manos de un mundo académico que, siempre ha beneficiado la llamada historia oficial, y de esa manera, a los grupos de poder que se han sucedido.

Se puede asegurar esto, debido a los alcances que la CVNTI da a la Corporación de Reparación que proponen crear -punto 9 del informe-, que según los expertos, permitiría alcanzar tres objetivos fundamentales, los que al mismo tiempo han sido calificados como de máxima importancia para el momento que se vive:

  • Que las reclamaciones de tierras no se expresen de manera violenta o bajo la simple forma de presiones sobre el proceso político.

  • Resolver las reclamaciones respetando la integridad patrimonial de los actuales propietarios, los que se verán íntegramente compensados.

  • Acabar en un plazo prudente -dos años- con la incertidumbre que actualmente pesa sobre los títulos de propiedad del sector, los que expuestos a reclamaciones y presiones de diversa índole, pierden valor y desalientan inversiones.

Lo nítido que se puede sacar como conclusión de estas tres recomendaciones es, de querer perpetuar un proceso político chileno sin movilización social mapuche, para luego proteger los actuales propietarios y compensarlos económicamente por tierras que usurparon. Y finalmente, proteger la inversión transnacional, es decir, proseguir con la mercantilización de la vida y territorios mapuche.

Por eso, y luego de haber leído atentamente estas recomendaciones, hay que concluir que una vez más el mundo mapuche se encuentra frente a un nuevo reacomodo jurídico de la institucionalidad publica, y que ese nuevo trato que se le propone, es también fruto de la misma pluma que escribió la historia oficial, y luego; actas, acuerdos y leyes anteriores que han ido sellando el colonialismo interno al que se les somete.

No se puede entonces, estar de acuerdo con el método utilizado por el ejecutivo, nombrar una comisión por decreto, en Chile, la historia de los pueblos indígenas y las relaciones que se han desarrollado, no se ajustaran a derecho porque desde lo global así se haya pensado, y esto aunque fue sido corroborado por los académicos sustentadores de la historia oficial.

II. LA SOBERANIA MAPUCHE

Hay que considerar, de facto, que será prácticamente imposible "ajustar la institucionalidad publica a la diversidad cultural del país", sino se reconoce por intermedio de un estudio serio, que el Estado chileno privó de soberanía al Pueblo Mapuche sobre su territorio.

Por eso, merecen reparo y preocupación las recomendaciones hechas por la comisión en el punto 9 del informe, ya que los analistas que redactaron el texto, confunden dos aspectos determinantes de sus derechos territoriales.

Por un lado, se puede afirmar sin miedo a equivocarse que, el Pueblo Mapuche poseía soberanía territorial antes que Chile fuera republica, y que esa fue reconocida por la Corona Española en 28 Tratados.

Por otro lado, se remarca que el reacomodo jurídico que propone la comisión, solo se basa en el aspecto tierras, y que ese aspecto tremendamente importante para ellos, ha sido reducido a un reconocimiento, de lo que han acordado en señalar los de la CVNTI, solo como "justos títulos" de las comunidades.

Tampoco, se puede tan sueltamente de cuerpo, como la ha hecho la CVNTI y luego el Presidente Lagos en su declaración del 19 de abril -sobre todo sin antes dilucidar lo referente a soberanía-, hablar de compensación económica, ha través de la figura Corporación de Reparación sobre tierras, la que se pretende crear en este año 2005.

Si tal es la propuesta y se legisla al respecto, estaría la materia gris criolla que ha efectuado el trabajo de investigación, junto al gobierno, cerrando sobre la cabeza de todos los mapuche, la lapida del etnocidio, ya que un hombre de la tierra, un mapuche, no puede ni debe cambiar su esencia cultural y espiritual, por plata.

En este estado actual de las cosas, una nueva relación -a menos que existan explicaciones y la creación de una nueva comisión y esta vez claramente independiente del estado- parece inaccesible.

Un proyecto de convivencia nacional, entre mapuche y chilenos, que supere el llamado nuevo trato, tiene y debe abordar el aspecto soberanía mapuche.

El trabajo de la comisión, y la nueva propuesta del gobierno, definida en su documento 2004 - 2010, sobre "Política Indígena de Nuevo Trato", propone un rumbo que no zanja este punto esencial, clave para la convivencia interna de ambas sociedades.

Lo que quizás olvida u omite la CVNTI, es que el pueblo mapuche, antes y después de la llegada del conquistador español, ejercía soberanía sobre su Wallmapu, territorio que estaba compuesto por sus identidades territoriales.

Y con ese fin, con el de garantizar su independencia y ordenamiento territorial, sus relaciones con la corona las regulo a través de Parlamentos, los que luego de efectuados, se traducían en Tratados, acuerdos que obligaron a los españoles a reconocer un territorio, una organización social y política, disponiéndose con esos instrumentos jurídicos reglas de convivencia y de relaciones entre dos pueblos claramente independientes.

Según el Relator de las Naciones Unidas para asuntos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe del mes de noviembre 2003, sobre la situación mapuche indica; "varios intentos de los españoles por someter a los mapuches fracasaron, y a lo largo de diversos acuerdos -Parlamentos- la corona reconoció la independencia de estos pueblos, respetando su soberanía territorial al sur de Bio-Bio que resulto ser una autentica pero porosa frontera entre dos sociedades, dos culturas".

Por eso, la independencia de Chile de la corona Española, no fue un momento crucial en la historia mapuche, quedaba claro para los Lonkos de la época que Chile solo podía ocupar lo que la corona poseía, y eso era hasta el río Bio-Bio.

Según el Relator especial "Durante la primera mitad del siglo XIX la Republica Chilena mantuvo la misma relación con la nación mapuche, sin embargo, poco a poco las incursiones chilenas en la región fueron debilitando la soberanía indígena y generando diversos conflictos".

La invasión militar chilena de 1881, conocida como Pacificación de la Araucania y que concluye en 1883 en Villarrica, consolida la agresión del Estado chileno sobre un territorio independiente, esto fue lo que dio paso luego a una repartición del territorio bajo figuras legislativas que hoy son presentadas por lo CVNTI como proceso de "constitución de la propiedad Indígena en Chile".

Finalmente, reafirma el relator especial que; "en 1888 Chile emprendió la conquista militar de la Araucania, conocida en la historiografía oficial como la "Pacificación de la Araucania", que conllevo la integración de la región al resto de la nación (...) El principal resultado de esta época, para los pueblos originarios, se refleja en la perdida progresiva de sus territorios y recursos así como la de su soberanía , y un acelerado proceso de asimilación impuesto por las políticas y las instituciones de la republica, en la cual se desconoció a las culturas y lenguas indígenas con sus identidades propias".

Se puede decir entonces que, antes de la creación de la propiedad indígena chilena, el Pueblo Mapuche continuaba a mantener plena soberanía, y ese aspecto, en ningún capitulo del texto de la CVNTI es abordado, aludido o señalado, hecho que implica hacer la siguiente pregunta; ¿una ves más los analistas del tema indígena quieren engañar la historia real ?, dicho en palabras mas simples, reacomodar la historia oficial para que todo, aunque se presente diferente, en lo substancial siga igual.

Efectivamente, el Wallmapu mapuche no podía estar bajo jurisdicción de la nación chilena, este era el territorio de otro pueblo, que con toda normalidad ejercía soberanía sobre él, territorio que Chile no controlaba y que por supuesto no poseía, entonces, malamente podía legislar sobre algo que obedecía a otro ordenamiento interno, la única solución que le quedaba entonces, era la ocupación militar, y eso fue lo que termino haciendo, convirtiéndose de esta manera, en un opresor.

III. LA COMISION VERDAD Y DEUDA HISTORICA MAPUCHE

Parece aún necesario extenderse sobre lo propuesto por los Lafkenche en el 2000, ya que la CVNTI no los interpreta en sus recomendaciones, para los Lafkenche, la perduración en el tiempo de un pueblo se debe en gran medida a la capacidad que ese tiene para interrogar su memoria colectiva, la que necesariamente, los traslada al interior de su propia historia.

Las comunidades Meliman de Peleco, Francisco Namuncura de Quidico, Quidiqueo Huenupil de Comillahue, Cacique Lloncao de Cañete, Lautaro Cayucupil, etc., como todas las comunidades que demandan la restitución de sus antiguos territorios, al trasladar ese pasado al periodo actual, están poniendo ante los ojos de todos los Chilenos, el tema de la deuda histórica mapuche.

Dicho de otra manera, los Lafkenche en la Provincia de Arauco, cada vez que demandan a CONADI la restitución de sus tierras, escriben los testimonios orales de su pasado, con eso, no solo ha ido reconstruyendo su propia historia, sino que van señalándole a este organismo y a la ciudadanía entera, que aquí existe un tema no resuelto. Y que este, mientras no sea asumido por el Estado y los Gobiernos, seguirá perpetuando entre ambas sociedades relaciones dispares, encuentros que no son tales, conflicto territoriales, y con ello, ninguna integración nacional será posible.

Fue solo en ese sentido, que en el año 2000 los Lafkenche propusieron al ejecutivo la creación de una Comisión Independiente sobre Verdad y Deuda Histórica Mapuche, lo que perseguían era que esta a través de sus conclusiones, permitiera determinar lo que ha pasado en más de 200 años de historia republicana; hechos, actos y decisiones que hasta hoy no se han dilucidado.

Sin embargo, se puede considerar como un grabe error la decisión del Presidente Lagos de no discutir con los Lafkenche los alcances de su propuesta, al contrario, oportunistamente -aunque ahora se diga que fue inspirada del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU- reacomodo la idea en una comisión oficial, y para eso, promulgo el decreto supremo del 8 de enero del 2001.

Se piensa que con esa actitud, y con los expertos que puso al frente, Lagos solo busco maquillar una salida al mínimo costo, y salvaguardar de esta forma, la sacrosanta unidad nacional, y al mismo tiempo, los intereses del poder económico transnacionales que operan en suelo mapuche.

En el territorio Lafkenche, la presencia de esa comisión fue inexistente, no escucho ni entendió a ninguna de sus comunidades, como tampoco existía lafkenche alguno habilitado por estas para que participe o sea audicionado por la comisión, se puede decir entonces que en el caso de Arauco, el trabajo de la comisión simplemente no existió.

Por eso, si la comisión fue inoperante en terreno, malamente puede palpar al interior de una comunidad los alcances de la ruptura histórica que esta ha vivido, el mejor reflejo de todo ello es lo que tiene relación con la pérdida de sus tierras, y luego, con la profunda mutación que ha sufrido ese territorio.

Hoy, ha casi 200 años de su independiente, en Chile, sería justo y necesario revisar la historia, no desde un punto de vista oficial como la ha hecho la actual administración Lagos, ya que de esa forma nunca se abordará el pasado de manera objetiva, como tampoco se cuestionara el relato lineal de los hechos que han perpetuado un Chile monolítico y rectilíneo, sino desde el punto de vista de la pluralidad critica, de manera que todos los chilenos se pregunten si la llegada de Pedro de Valdivia a las tierras de Arauco fue ¿un encuentro o el comienzo de una larga guerra de resistencia mapuche por su libertad?.

Por otro lado, que la opinión pública en general conozca la historia real de la republica, y que solamente luego se pregunte, con justa razón, con conocimiento de causa, si durante el periodo republicano la Pacificación de la Araucanía fue ¿Un acción civilizadora ? o simplemente la invasión de un pueblo libre.

Y finalmente, que en nombre de los derechos elementales del ser humano, en Chile, todos los ciudadanos se pregunten si la contra reforma agraria llevada a cabo por el Gobierno Militar fue ¿Un acto de desarrollo económico o simplemente el atropello a sus derechos y existencia?, acto tan reprochable como los señalados por la comisión Valech en contra de los chilenos.

Tantas interrogantes que no pueden seguir inconclusas, sin respuestas, pero si el estado y las autoridades locales no cambian de actitud, abra que preguntarse ¿cuantos años mas tendrá que esperar aun el Pueblo Mapuche para obtener reparación y un cambió de actitud del Estado chileno?.

Lo dañino para el futuro de esa nueva relación que se pretende construir, es que los atropellos al Pueblo Mapuche, glorificados en la historia oficial, han sido considerados por muchos como pasos fecundos y obligados por los cuales debió caminar, durante casi 200 años la republica, para alcanzar el progreso, y de esa forma, ingresar al mundo globalizado que tanto magnifica la actual administración.

Pero no, la democracia en el mundo no se ha construido nunca pasando sobre el cadáver del vencido, sin ante saber y determinar responsabilidades de lo que pasó, desde ese punto de vista, la Comisión Valech para el caso mapuche, debiera también ser un ejemplo.

Es con ese único fin, con ese afán de restablecer la verdad histórica, es que los hombres de la costa plantearon una revisión de los doscientos años de vida ciudadana, ya que parece más que necesario consagrar esfuerzos para que la justicia y los Derechos humanos sean valores reconciliadores de todo los Chilenos, de manera que la impunidad y el olvido no sea solo una bandera de lucha en la que se identifiquen solo unos pocos.

Sin dudas, será solamente de esa manera, sin impunidad y sin olvido, abordando una historia que comenzó en 1810, que podrá comenzar a forjarse entre los dos pueblos, Chileno y Mapuche, y en el plazo del 2010 - tan llenos de festejos y recuerdos pasados - una nueva relación con reglas claras de convivencia.

Para los Lafkenche, la forma y manera engañosa que adoptó el gobierno para recuperar su proposición, estará lejos de proclamar en el 2010 que Chile se ha reconciliado con su pasado, el informe final entregado por la CVNTI es un documento redactado de tal forma que el estado subsista en su forma actual, que el sistema neoliberal se potencien, y que los usurpadores, sigan ocupando tierras que no les pertenecen.

IV. EL BICENTENARIO; la negación de la diversidad cultural de un estado sectario.

Las ultimas declaraciones del presidente Lagos, han sido lacónicas, la cuestión indígena en Chile debe ser zanjada, lo antes posible, sobre todo, antes del bicentenario de la republica.

La idea parece ser, en el 2010 Chile debe aparecer ante el mundo con un marco jurídico indígena presentable, entonces, solo entonces las pomposas actividades que se preparan, serán bien entendidas.

Pero en pleno centro de este hecho histórico, y sobre todo como primer pueblo de Arauco, los Lafkenche piensan que esta celebración pasará, sin dudas, por encima de tramos profundamente traumáticos que les ha correspondido vivir, sin que nadie en el gobierno se haya detenido a pensar si esas heridas abiertas hace 200 años, se encuentran cicatrizadas o no.

Los Lafkenche, como todo los mapuches del país, saben muy bien que Chile tiene una deuda pendiente con su historia, y que hoy, en las puertas del bicentenario, ya no puede seguir mintiéndole al mundo, menos querer demostrarle a la opinión publica que, la "Pacificación de la Araucanía" no fue un acto de invasión militar de un pueblo soberano.

La Pacificación de la Araucanía, debiera quedar legítimamente claro para todos los chilenos, fue un acto de violación de la soberanía territorial mapuche, la que termino privándolo de facto del derecho natural que poseían sobre un territorio, el mismo que la corona de España les había reconocido a través de 28 tratados.

Hoy, a cinco años del bicentenario, la agresión militar chilena, la Pacificación de la Araucania, toma una relevancia mayor, ya que determina en gran medida las condiciones en que actualmente viven; están arrinconados, pobres y sin tierras. Y sobre todo, privados de ejercer soberanía en su propio territorio.

La CVNTI, como la Ley Indígena 19.253, reduce su aspecto territorial a Áreas de Desarrollo -ADI-, eso dentro del mundo Lafkenche, no tiene correspondencia cultural. Para un Lafkenche, su Lafkenmapu es su suelo patrio, y en el ha ejercido control político, social y cultural, por eso lo defendió ante el conquistador español, considerando que su administración la tenían a su cargo sus propias autoridades tradicionales.

Hoy, a casi 200 años de vida independiente, el Estado chileno no reconoce a mapuche alguno su derecho de soberanía. Y se nota que cuando hace algún gesto en este sentido, como la esta haciendo en esta oportunidad a través de la CVNTI, una ves más sólo se esta refiriendo al concepto de tierra.

Con ello, sin dudas que sesgan por intermedio de un reflejo colonial, en pleno inicio del siglo XXI, toda posibilidad de emancipación mapuche, pueblo que fue perfectamente libre y al que por la fuerza de las armas lo han privado de ejercer soberanía en su propio territorio.

V. EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

Chile, es el único país en el mundo en que los militares, desde 1980, constitucionalmente se han dado un rol de garantes del marco democrático actual; "Las fuerzas armadas y de orden son las garantes del orden institucional".

Ese desfocalizado marco institucional que se llama constitución de 1980, es el que da paso a otra aberración irrealista de la sociedad, considerar que en Chile solo hay chilenos, dejando entre ver en su articulado que es claramente mono étnica, racista, paternalista y desconocedora de la diversidad cultural que existe al interior del territorio.

El carácter antidemocrático de esta constitución, se desprende del hecho que ha sido redactada a la medida de un solo hombre, el general Pinochet, es desde aquí también que se desprende su influencia sobre el poder político, y luego, toda la fidelidad que le garantizan las diferentes ramas del Ejercito.

A 30 años del golpe militar, a esta constitución solo se le han podido introducir modificaciones mínimas, reacomodos jurídicos que no cambian lo esencial, sino que solo permiten la continuidad en el tiempo del sistema que esta sustenta, y con ello, la impunidad de todos los que violaron los derechos humanos.

A esta misma conclusión es la que llegan los grandes intereses transnacionales, los que apuestan ha una perenidad del régimen militar -sin el general Pinochet implicado directamente- pero sabiendo que mientras exista un gobierno apegado a este tipo de constitución, sus intereses estarán siempre resguardados y protegidos.

Sin embargo, el reconocimiento Constitucional del Pueblo Mapuche, es una de las aspiraciones más sentidas por las comunidades, así lo han manifestado en múltiples oportunidades.

¿Pero que se persigue con ello?, simplemente que el respeto de la diversidad, la tolerancia y la relación del Lafkenche con su costa y mar sea una verdad de carácter nacional, entendiendo que ello significa apertura y afirmación de mayores espacios de democracia, y que para eso se debe promover un proceso de descentralización política y territorial, en suma, una modernización del Estado.

Ante este desafió, los Lafkenche han entregado algunos planteamientos de como articular un nuevo poder local, el que se contrapone con la visión globalisante de la centralizadora Región oficial del Bio-Bio, la que busca a través de planes de ordenamiento territorial inscritos en su Estrategia regional de desarrollo -ERD-, solo conservar la dominación de lo global sobre lo local, y ello a través de su programa de ordenamiento territorial del borde costero, sus Áreas de Desarrollo Indígena", etc., hecho que según el gobierno regional permitirá, vivir juntos y revueltos.

Para los Lafkenche, eso significa vivir sin coherencia socio cultural, guardando al mismo tiempo, la lógica mercantilista que consideraría que las diferencias culturales no existen -somos todos chilenos- y si estas no existen, entonces tampoco hay nociones distintas de desarrollo, lo que en la practica es irreal.

Un reconocimiento constitucional con derechos colectivos claros, seria para los Lafkenche, la puesta en marcha de su propia autonomía y autogobierno, ello significa redistribuir territorios, reordenar comunas, de manera que exista coherencia cultural en toda la provincia, de esta forma se lograría hacer posible una convivencia en unidad, en un marco de respeto de la diversidad.

Con ese fin, modernizador del Estado y su marco jurídico que lo acompañe, lo que en el fondo significaría abrir mayores grados de democracia, es que plantean la modificación de la constitución de la República, dar realidad a la existencia de un Estado pluri-étnico, lo que es en realidad Chile de norte a sur.

Por consiguiente, se considera al Presidente de la República perfectamente habilitado para introducir en el parlamento las modificaciones respectivas que esta requiere, de igual forma, introducir los proyectos de Ley que tengan relación con la alteración de la división política y administrativa del país.

Esta ultima disposición es la que lo facultaría para modificar la conformación territorial de la VIII Región y de la Provincia de Arauco en especial, entregar así, forma y coherencia territorial y cultural a las comunidades costeras.

En ese contexto señalan que, una nueva constitución debe establecer con claridad que;

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