Los nuevos jueces serán del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y la sala extraordinaria será presidida por el magistrado Jorge González Silva, mientras que Erasmo Sepúlveda Vidal será el encargado de la redacción del fallo. Fue designado como tercer integrante el magistrado Cristian Alfaro Miulher y como juez alterno se nominó a Oscar Viñuelas. Se prevé que este juicio tendrá una duración de 15 jornadas, en días sucesivos, casi el doble del anterior desarrollado a comienzos del mes de abril y que finalizó con la absolución de los dirigentes.

El siguiente es el cronograma de acciones judiciales y políticas relacionadas con este emblemático caso de persecución gubernamental en contra de dos líderes del movimiento mapuche.

CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES PROCESALES:

12 de diciembre de 2001. Se recibe en la fiscalía de Traiguén, denuncia Nº 1275 de la Tercera Comisaría de carabineros de Traiguén, dando cuenta, que "por llamada telefónica recibida del administrador del fundo Nancahue don Juan Agustín Figueroa Elgueta se informó del incendio forestal de pino insigne". El mismo día el Fiscal Jefe de la Fiscalía concurre al sitio del suceso dándose inicio a la investigación. Entre las primeras hipótesis que se manejan según se lee en la Resolución 009 de fecha 12/12/2001 de la Fiscalía está el que "se trataría de acciones coordinadas por elementos indígenas no identificados, toda vez que el predio en cuestión se encuentra inserto dentro del área de terreno en conflicto mapuche".

13 de diciembre 2001. A solicitud de la Fiscalía Tribunal de Traiguén, dicta ordenes de detención para los lonkos mapuche del sector, Pascual Pichún y de Aniceto Norin.

21 de diciembre de 2001. Detención de Pascual Pichún en la vía pública. El mismo día se lleva a efecto audiencia de control de la detención, en la que se amplía su detención por 3 días de acuerdo al artículo 132 del CPP.

24 de diciembre de 2001. Audiencia de formalización de la Investigación de Pascual Pichún. Fiscal pide ampliación del plazo haciendo aplicable ley de conductas terroristas, la magistrado resuelve que no hay antecedentes para tal aplicación. El Fiscal no formaliza la investigación y el imputado queda en libertad.

03 de enero 2002. Aniceto Norin, enterado de la orden de detención en su contra, se presenta voluntariamente ante la Policía de Investigaciones de Traiguén. El mismo día se realiza Audiencia de Control de la Detención. En ella el Fiscal solicita ampliación del plazo de la detención hasta por 10 días señalando que es aplicable la ley de delitos terroristas. La Magistrado acoge la aplicación y ordena ampliación por 8 días. Se fija la audiencia para formalizar la detención el 11 de enero 2002 a las 12:00 horas. Se ordena el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Traiguén.

04 de enero de 2002. Defensora recurre de amparo por el Imputado Aniceto Norin Catrimán, alegando que la orden de detención emitida el 13 de diciembre de 2001 se otorgó sin ninguna fundamentación. Una vez vista la causa y presentados alegatos tanto por la Defensa como por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Temuco declara sin lugar el recurso.

11de enero de 2002. Audiencia de Formalización de la Investigación de Aniceto Norin. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Traiguén comunica al imputado que desarrolla actualmente una investigación en su contra como autor de los delitos de: 1. Incendio en la casa habitación de Juan Agustín Figueroa Elgueta. 2. Delito de amenazas en perjuicio de Juan Agustín Figueroa Yavar. 3. Delito de incendio en perjuicio de Juan Rafael Sagredo Marín. 4. Delito de amenazas de incendio en perjuicio de Juan Rafael Sagredo Marín. La Magistrado, escuchado la expuesto por la fiscalía, los querellantes y la defensa; decreta prisión preventiva para el imputado. No accede a la petición de la defensa respecto a la fijación de un plazo para el cierre de la investigación.

15 de febrero de 2002. Audiencia de Revisión de Antecedentes, de los imputados Norin y Pichún, ante la Juez Subrogante del Juzgado de Garantía de Traiguén doña María Angélica Baeza Haltenhoff. La audiencia había sido solicitada por la defensa a fin de que el Tribunal verifique el plazo de cuando fue declarada por el Ministerio Público el secreto de las investigaciones que realizaba para que cumplido que sea el término se declare terminado el secreto y pueda la defensa acceder a esa investigación específica, otorgándole copias a su costa, a fin de preparar una adecuada defensa.

La Fiscalía señala que hay plazo distintos para distintas diligencias algunos cumplidos y otros no pero en atención a que investigan conductas terroristas pueden mantener reserva de algunos antecedentes, se pone a entregar copias indicando que las carpetas están a disposición de la defensa en sus oficinas. La Defensa insiste en pedir copias, señalando que es un derecho del imputado, aduce otras razones y señala jurisprudencia de Corte Suprema que así lo resuelve. La Magistrado accede a lo solicitado por la Defensa, solo excluyendo tres declaraciones que se señalaron en la audiencia.

20 de marzo 2002, Pascual Pichún y Aniceto Norin inician Huelga de hambre dentro del Centro de Detención Penitenciaria (CDP) de Traiguén.

8 de abril de 2002. Audiencia de Revisión de la Prisión Preventiva de los imputados Pascual Pichún y Aniceto Norin. La defensa solicita la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva de ambos imputados, por alguna de las medidas cautelares del artículo 155 del CPP. La Fiscalía se opone a tal solicitud. Oídas las partes la Magistrado decreta que se mantiene la prisión preventiva de los imputados.

Abril 2002: Desconocidos quemaron maquinaria forestal en el sector Santa Rosa de Kolpi, propiedad de Forestal Mininco. Tras lo ocurrido, se procedió a allanar la casa del lonco Pascual Pichún, quien se encuentra recluido en la cárcel de Traiguén, deteniendo la policía en un violento operativo a los hijos menores del dirigente: Pascual y Rafael Pichún Collonao. El Juzgado Garantía de Traiguén dio lugar a la petición de la Fiscalía de esa ciudad en orden a decretar la medida cautelar personal de prisión preventiva para ambos jóvenes, por estimar que su libertad representa "un peligro para la seguridad de la sociedad". Días más tarde, el Ministerio Público formalizó cargos respecto de los imputados por los delitos de incendio y homicidio frustrado en virtud del incendio que destruyó un camión que trasladaba madera desde las inmediaciones del Fundo Nancahue de Traiguén.

12 de abril de 2002. Pascual Pichún y Aniceto Norin levantan huelga de hambre que habían sostenido por 23 días y emiten una Declaración Pública señalando entre sus razones que lo hacen en atención a la solicitud de sus “familias y los dirigentes de seis comunidades mapuche que están en esos momentos presentes fuera del penal”, declaran y reafirman su “inocencia en los hechos que se les imputan” y que harán uso de “todos los recursos legales necesarios”.

11 de abril de 2002. El abogado Pablo Ortega presenta un Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en favor de Aniceto Norin. El 02 de mayo 2002, la Corte declara sin lugar el recurso.

03 de mayo de 2002, la Abogada María del Rosario Salamanca deduce apelación ante la Corte de Apelaciones para ante la Corte Suprema en contra de la resolución que desecha el recurso de amparo interpuesto. En junio de 2002, la Corte Suprema declara inadmisible el recurso interpuesto.

07 de agosto de 2002: En la cárcel de Traiguén, cuatro presos políticos mapuche inician una huelga de hambre indefinida exigiendo poner fin a las irregularidades procesales cometidas en su contra, su derecho a un juicio justo y la inmediata libertad de otros prisioneros políticos repartidos por las cárceles de la VIII y IX regiones. Se trataría de los lonkos mapuches de Traiguén, Pascual Pichún y Aniceto Norin, los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao, todos ellos recluidos desde hacia más de 4 meses en la cárcel de Traiguén y acusados de "atentado incendiario" y "amenazas" en contra del Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de la Concertación, Juan Agustín Figueroa.

08 de agosto de 2002: Una huelga de hambre indefinida en apoyo a los presos políticos de Traiguén inician en la ciudad de Temuko un grupo de familiares y amigos. La huelga, iniciada en dependencias de la Casa de la Mujer Mapuche, se trasladaría más tarde a la Parroquia San Francisco de dicha ciudad, culminando dos días más tarde tras un violento desalojo policial.

14 de agosto de 2002: Mientras los presos políticos de Traiguén se encontraban en su octavo día en huelga de hambre, familiares y amigos hacen ocupación de las oficinas del Programa de Derechos Indígenas de Conadi en Traiguén e inician allí también una huelga de hambre indefinida. Sin embargo, alrededor de las 20 horas, un contingente de alrededor de 50 efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros procedió a desalojar el edificio gubernamental, resultando más de 20 personas golpeadas y detenidas. Todos ellos, luego de ser interrogados por el Fiscal de Traiguén, Raúl Bustos y fotografiados por personal de inteligencia policial, fueron dejados en libertad.

En Santiago, por su parte, miembros de la una delegación de dirigentes y werkenes mapuche de visita en la capital, encabezados por Juan Pichún Collonao, hijo del lonko Pascual Pichún recluido en la cárcel Traiguén, se toman las dependencias de la Embajada de la Unión Europea para denunciar las graves irregularidades cometidas por los tribunales y el gobierno en contra de los presos políticos mapuche. La acción se prolongaría por todo el día y en ella participaron miembros de las comunidades en conflicto de Lumako, Traiguén y Collipulli, más un grupo de apoyo urbano encabezado por la organización Meli Witran Mapu.

05 de septiembre de 2002: Tras permanecer más de un mes en huelga de hambre en la cárcel de Traiguén, los jóvenes Rafael y Pascual Pichún dan inicio a una huelga de hambre "seca", con la disposición de mantenerla hasta las últimas consecuencias. Cuatro días más tarde, ambos hermanos son trasladados de urgencia al Hospital de Traiguén debido al delicado estado de salud de ambos. Por varios días, los dos prisioneros políticos permanecen conectados a alimentación intravenosa y con diagnóstico "reservado". Finalmente, tras permanecer más de 35 días movilizados por su libertad, deciden abandonar la huelga acogiendo el llamado de sus familiares.

04 de diciembre de 2002: Tras una coordinada acción de inteligencia policial, el Ministerio Público de la IX región logra la detención de más de 20 personas vinculadas a la CAM en las comunas de Ercilla, Collipulli, Chol-Chol y Temuko. Los operativos simultáneos desarrollados por alrededor de 100 efectivos policiales, comenzaron la madrugada del 4 de diciembre en un sector poblacional de la ciudad de Temuko. Más tarde, efectivos policiales allanaron varias viviendas en la comunidad "Agustín Chihuaicura" de Chol-Chol, comunidad mapuche "José Millacheo Levío" de Ercilla, comunidad "José Guiñón", comunidad de Tricauco y comunidad "Juan Aylla Varela".

Tras conocerse los resultados de la redada policial, la Fiscal Regional, Esmirna Vidal, entregó su parecer en una entrevista transmitida por la radio Bio-Bio. "En virtud de un trabajo investigativo con la policía de Carabineros y que se arrastra desde hace varios meses, fuimos desarrollando un trabajo bastante acucioso que nos permite vincular el nombre de las personas que hoy han sido detenidas con o la ejecución directa, la planificación o la participación en diversos atentados en las zonas de conflicto", señaló.

05 de diciembre de 2002: El fiscal a cargo de la investigación, Alberto Chifelle, señala ante los medios de comunicación su conformidad con el accionar de la policía y adelanta que a todos los detenidos les sería formalizada durante el transcurso de la semana una investigación judicial por "Asociación Ilícita Terrorista". El mismo día 5, el gobierno a través del equipo jurídico de la Intendencia Regional, se querella contra los detenidos por "terrorismo" y otros delitos, acción a la que posteriormente se sumaria el alcalde de Temuko, Rene Saffirio, a nombre del municipio.

Por su parte, en la ciudad de Santiago, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se refirió a la detención de 16 personas pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, señalando que se trataba de simples “delincuentes" mapuches y no personas "representativas" de su pueblo. “Yo no creo que esto pueda extremarse como una persecución al pueblo mapuche. Esto es una persecución a delincuentes, a personas de los cuales existen antecedentes delictuales; solo algunos de ellos son de apellido mapuche. Es errado pensar de que esto es un acción dirigida en contra de algún grupo o contra todo el pueblo mapuche”, señaló Correa Sutil.

06 de diciembre de 2002: La Fiscalía Regional de La Araucanía confirma la medida cautelar de "prisión preventiva" para los mapuches y no mapuches detenidos el 4 de diciembre y formaliza los cargos por "asociación ilícita terrorista" contra un total de 24 detenidos, ya que está acción judicial se amplió a otros 9 mapuches vinculados a la CAM y que ya se encontraban encarcelados en distintos puntos de la VIII y IX región. Se trataría de los lonkos mapuches de Traiguén, Pascual Pichún y Aniceto Norin, los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao, todos ellos recluidos desde hacia más de 8 meses en la cárcel de Traiguén, y la colaboradora no mapuche de la CAM, Patricia Troncoso Robles, recluida desde hacia más de dos meses en la cárcel de Victoria.

18 de diciembre de 2002: El Tribunal de Garantía de Temuco determina acoger la solicitud de la Fiscalía en orden a investigar a los comuneros mapuches detenidos en Temuko, Angol y Traiguén bajo la figura de la "Asociación Ilícita Terrorista". Además, decreta mantener la prisión preventiva de los últimos cuatro comuneros mapuches incluidos en el múltiple procesamiento (Rafael y Pascual Pichun, Luis y Juan Millacheo y el werken José Huenchunao), todos ellos recluidos en cárceles de la Novena y Octava regiones en el marco de otras investigaciones judiciales relacionadas con el conflicto mapuche.

El Abogado Jaime López, uno de los defensores asignados por el Ministerio Público al caso, lamentó la medida decretada por el tribunal. "Nosotros vamos a estudiar la posibilidad de apelar a esto, por cuanto nos parece extremadamente grave el hecho de que se dicte una resolución fundada según la ley y se califique una situación de fondo sin ningún antecedente que ustedes han podido apreciar... Se le pregunta a la fiscalía si en los antecedentes hay informes periciales, no hay informes periciales, se están elaborando. Se pregunta si hay testigos, testigos que no se puede decir quienes son, etc... En este caso, se ha calificado una conducta terrorista prácticamente de nada", manifestó.

Febrero 2003: Se realiza una extensa audiencia de formalización de investigación por asociación ilícita terrorista, ante la jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, Isabel Uribe. Se formaliza a 26 personas en el marco de la ley que sanciona acciones terroristas. Durante esta audiencia se formalizó la investigación a los loncos de Temulemu y Didaico, Pascual Pichún Paillalao, y Aniceto Norín, ambos pertenecientes a la comuna de Traiguén y contra Patricia Troncoso Robles.

Los lonkos se encontraban detenidos en la Cárcel de Traiguén desde hace casi un año, mientras que Patricia Troncoso se encontraba recluida en la cárcel de Victoria, acusados de participar en incendios ocurridos al interior del fundo Nancahue en Traiguén, propiedad del ex ministro de agricultura, y presidente de la Fundación Pablo Neruda, Juan Agustín Figueroa. Durante la audiencia, y en forma inédita en lo que va del proceso, el lonko Pascual Pichún pidió el estrado para prestar declaración ante la magistrado Isabel Uribe y los abogados presentes. Su declaración fue hecha en mapudungun, para lo cual se requirió de la traducción de interpretes de la defensa y la fiscalía.

23 de enero 2003: Se inició juicio contra los hermanos Pichún por su presunta participación en un incendio a un camión de una forestal en Traiguén ocurrido el 12 de abril pasado. El juicio es calificado como emblemático, ya que se trata del primer juicio oral en el marco del denominado conflicto mapuche. Por esta misma razón se dispuso de medidas especiales de seguridad en el traslado de los acusados desde el penal de Temuco y se acordonaron los alrededores del tribunal. Cabe mencionar que los hermanos Pichún son hijos del lonko Pascual Pichun, quien también se encuentra detenido en el marco de una investigación por el incendio de una vivienda en el fundo Nancahue, situado en Traiguén y perteneciente a Juan Agustín Figueroa, miembro del Tribunal Constitucional.

31 enero 2003: Tras la audiencia de lectura de fallo los hermanos Pascual y Rafael Pichún fueron condenados a 5 años y un día bajo régimen de libertad vigilada y al pago de una indemnización de 6 millones de pesos. Sin embargo, deberán permanecer recluidos a raíz de una investigación en la que se encuentran formalizados en la ciudad de Temuco, por Asociación Ilícita Terrorista. Posteriormente la Corte de Apelaciones le otorga la libertad a Rafael Pichún, mientras que su hermano Pascual es dejado en libertad en medio del juicio de los loncos.

31 marzo 2003: se inicia Juicio Oral contra los lonkos Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso en la ciudad de Angol. Medios de comunicaciones nacionales y extranjeros cubrieron los siete días que duró el desarrollo del histórico proceso.

9 abril 2003: los lonkos Pascual Pichún, Aniceto Norín y la simpatizante Patricia Troncoso fueron absueltos de los cargos de atentado terrorista contra el fundo Nancahue, propiedad del Ex Ministro Juan Agustín Figueroa. Según la sentencia de los jueces, ésta se fundamenta en que no existieron pruebas que verificaran y comprobaran la presencia y la autoría de los dirigentes mapuches en el acto, acusación que fue sostenida por el Ministerio Público. Todavía falta por definir la participación de los lonkos en el juicio por Asociación Terrorista que se sigue contra los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco en Temuco.

10 de abril 2003: Representantes y Comunidades pertenecientes al Consejo de Todas Las Tierras exigieron, a través de una manifestación en el Frontis de la Intendencia Regional, la renuncia de la Fiscal Regional, Esmirna Vidal y los fiscales Alberto Chifelle y Francisco Rojas. La petición surge de la absolución de los lonkos Pichún y Norín y de Patricia Troncoso, lo que ha llamado la atención de los representantes de la agrupación en torno a la “urgente necesidad de revisar en toda su magnitud la Reforma Procesal Penal, orientado a mejorar la relación institucional entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno”.

24 abril 2003: Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema de Santiago, un recurso de nulidad del juicio a los lonkos Pichún y Norín y que también afectaba a Patricia Troncoso, pidiendo la realización de un nuevo juicio en un tribunal habilitado. Según el vocero del Ministerio público la petición tiene su fundamento en la vulneración de garantías en los procesos llevados a cabo durante este juicio, esto por la no autorización del tribunal en torno a la presentación de nuevos testigos y pruebas. El Defensor Regional de La Araucanía, Claudio Pavlic, señaló que la sentencia no ha incurrido en vicio alguno y se ajusta al mérito de los hechos, vale decir, que no ha habido elementos para tener por acreditada la participación de los imputados en los delitos por los cuales fueron acusados.

2 de mayo 2003: La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó por unanimidad el recurso de nulidad presentado por los abogados de los hermanos Pascual y Rafael Pichún Collonao, quienes fueron condenados por el Tribunal en lo Penal de Angol el día 31 de enero, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 11 UTM a beneficio fiscal y una indemnización de 6 millones de pesos por daños a la propiedad privada. El recurso de nulidad se había presentado ante la Corte Suprema con el fin de dejar sin efecto lo resuelto en la sentencia, en el sentido de que el pago de la indemnización a la víctima es requisito previo para entrar a gozar del beneficio de la libertad vigilada, argumentando la defensa de que se trataría de una especie de prisión por deuda, alegación que fue rechazada por el máximo tribunal, por lo que los condenados deberán pagar la indemnización para obtener el beneficio antes citado.

Cabe recordar que los hermanos Rafael y Pascual Pichún fueron condenados como autores del delito de incendio ocurrido el 12 de abril del 2002 en el que resultó destruido un camión cargado con madera, que transitaba por la ruta Lumaco Traiguén. La investigación y acusación correspondieron a la Fiscal del Ministerio Público de Traiguén, Sergio Moya Domke. Posteriormente la Ilustrísima Corte de Apelaciones sustituye la prisión preventiva por arresto domiciliario total y en la actualidad se encuentran cumpliendo la pena impuesta bajo el régimen de libertad vigilada.

2 de julio 2003: La Corte Suprema ordenó realizar un nuevo juicio oral en contra de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín por el incendio ocurrido en el fundo Nancahue, Novena Región, propiedad del presidente del Tribunal Constitucional [TC] Juan Agustín Figueroa. De esta manera, quedó anulado el juicio realizado por el Tribunal de Angol que absolvió de cargos a los dirigentes mapuche. Según el nuevo procedimiento penal que rige en parte del país, el recurso de nulidad -presentado por el Ministerio Público y por la víctima- procede en caso que durante el proceso se haya aplicado de forma "incorrecta" la normativa vigente.

Cabe recordar que los destacados lonkos mapuche Pichún y Norín, fueron imputados por la Fiscalía por "asociación ilícita terrorista" en el marco de la investigación sobre las actividades de la Coordinadora Arauco-Malleco y por el incendio del fundo Nancahue. En abril de este año fueron absueltos de este último cargo. Este es el segundo juicio de relevancia pública que es anulado por la Corte Suprema, luego de que el 12 de mayo la segunda sala penal del máximo tribunal anuló el proceso por la muerte de la religiosa peruana Lita Castillo, en La Serena.

28 de julio 2003: Para el próximo 9 de septiembre ha sido fijada la fecha de realización del nuevo juicio a los loncos de Traiguén Pascual Pichun, Aniceto Norin y a Patricia Troncoso Robles, tras la determinación de la Corte Suprema que ordenó realizar un nuevo juicio y anular la resolución del primero por "detalles de forma". Los nuevos jueces serán del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y la sala extraordinaria será presidida por el magistrado Jorge González Silva, mientras que Erasmo Sepúlveda Vidal será el encargado de la redacción del fallo. Fue designado como tercer integrante el magistrado Cristian Alfaro Miulher. Como juez alterno se nominó a Oscar Viñuelas.

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