¿Seguridad Ciudadana o Estado Policial?
Por Arnaldo Pérez Guerra / Especial para Kolectivo Lientur / 29 de septiembre de 2003
La “Agenda Antidelincuencia”
del gobierno de la Concertación plantea reponer la “detención
por sospecha” con otro nombre, “ampliando los plazos de
detención” y verificando la “identidad de sospechosos”.
A eso se une la modificación del sistema penal para rebajar
la imputabilidad legal a los 14 años. Es parte de la lucha
contra la delincuencia y el narcotráfico -se dice-, pero
las medidas van mucho más allá. La creación
de la Coordinación de Seguridad y un posible ministerio de
Seguridad, sumado a la inminente aprobación de la Agencia
Nacional de Inteligencia (ANI) completan el cuadro de la nueva estrategia
represiva donde los perjudicados serán aquellos que se oponen
a los dictámenes del poder y el modelo.
Diputados concertacionistas patrocinan un proyecto que significará,
en la práctica, la reposición de la detención
por sospecha y que aumentará las horas que una persona puede
permanecer retenida en un cuartel policial. Jorge Burgos (DC) es
el autor de la iniciativa que cuenta con el apoyo de Patricio Walker,
Eduardo Saffirio, Edgardo Riveros, Antonio Leal, Zarko Luksic, Pedro
Araya, Francisco Encina y Patricio Hales. Según Burgos, “la
propuesta sólo busca aumentar el rigor y las facultades de
la policía para combatir con mayor eficiencia y rapidez la
delincuencia”.
En virtud de esta disposición, las policías podrán
allanar “sin orden previa”. Del mismo modo, se discute
rebajar la responsabilidad penal, creando un “sistema especial”
para “jóvenes delincuentes” entre 14 y 18 años.
Se pondrá fin al “discernimiento”, lo que hará
plenamente responsables a menores. Se establecerán sanciones
-privativas o no de libertad- aplicadas en instituciones colaboradoras
del Servicio Nacional de Menores (Sename) o en “recintos”,
verdaderas prisiones, administrados por ésta.
Desde hace unos meses, el Senado venía solicitando al gobierno
por unanimidad “medidas antidelincuencia” como una agenda
legislativa de seguridad ciudadana, coordinación entre los
ministerios y unificar la institucionalidad sobre seguridad. Algunos
de los proyectos modifican procedimientos del Código Penal
y Procesal Penal, dando legalidad a algo ya habitual: que las policías
puedan intervenir y allanar domicilios cuando exista “evidencia
de delitos”.
Represión y Estado Policial
La derecha es la principal impulsora de la
agenda antidelincuencia, que cuenta como aliados a sectores del
Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), además
de prácticamente la totalidad de la Democracia Cristiana
(DC). Según el diputado Leal, “la detención por
sospecha no sirve para combatir la delincuencia, que requiere de
una focalización de los esfuerzos”. Una de las propuestas
de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente
(UDI) es precisamente focalizar la lucha contra la “delincuencia”
en poblaciones, creando “zonas de emergencia policial”,
incluso se ha llegado a hablar de “toques de queda” o
“colocar fotografías de delincuentes” en sitios
públicos, además de aumentar las penas y construir
“cárceles privadas”.
La derecha y el gobierno se escudan en encuestas y estadísticas
que señalan un aumento peligroso de la delincuencia, los
índices de “inseguridad” y las “denuncias”.
Cifras de la UDI indican que durante la Concertación se han
cometido “4 millones de asaltos”, ya que las autoridades
priorizan “garantizar los derechos de procesados y detenidos,
rebajar penas e incluso indultar a delincuentes”. Sembrar el
miedo es la estrategia del poder para implementar un “Estado
policial” dirigido a terminar no con la delincuencia, sino
con cualquier intento de desestabilización del modelo, y
con las crecientes movilizaciones mapuches, sindicales y estudiantiles.
Con éxito mediático se instala la idea de que el gobierno
ha fracasado en su lucha contra el delito, y que la “seguridad
ciudadana” es la principal preocupación de la ciudadanía.
En la jugada, el gobierno intenta aprobar que retorne el control
de Carabineros e Investigaciones al ministerio de Interior. Otros
proyectos -de interés tanto para el gobierno como para la
derecha- son “aumentar las penas por narcotráfico, rebajar
la responsabilidad penal juvenil, tipificar el lavado de dinero,
creación de la ANI, creación de secretarías
regionales de seguridad ciudadana, y aumentar las penas para quienes
atenten contra policías”. En este marco de proyectos
y supuestas “democratizaciones” no se incluye para nada
modificar las atribuciones de las Fiscalías Militares para
juzgar a civiles bajo leyes especiales.
Aprovechando el impulso, el diputado Aníbal Pérez
presentó un proyecto “antipiratería”, para
combatir el robo intelectual y la evasión tributaria, pero
a través de “agentes encubiertos”, “informantes
pagados” y “entregas vigiladas”. No es todo. El gobierno
intenta modificar la ley de Control de Armas y Explosivos para elevar
las penas, lo que también está contemplado en la “agenda
de seguridad”. La ley Antiterrorista hoy se aplica a mapuches
y estudiantes. El propio ministro de Interior, José Miguel
Insulza, señaló, “hoy el problema no es que sean
los grupos políticos o extremistas los que tengan muchas
armas, sino que fundamentalmente son los delincuentes”.
En los últimos meses han quedado en evidencia “montajes
policiales” y detenciones de ex presos políticos -Manuel
Saavedra, Marcelo Dote López y Juan Aliste Vega-, acusados
en virtud de esas leyes bajo cargos completamente falsos. Lo propio
ocurrió con tres estudiantes y un dirigente sindical, acusados
de portar una bomba, y que luego de 5 y 13 días detenidos
fueron puestos en libertad. Dotar de más poder a las policías
sólo implicará más represión, no precisamente
para delincuentes o narcotraficantes. El “Estado policial”
ya se instaló en el sur del país y es aplicado contra
los mapuches.
Represión a mapuches
Más de 400 mapuches se encuentran
procesados por tribunales civiles y Fiscalías Militares por
su participación en movilizaciones en las comunidades en
conflicto. A esa cifra, se suman órdenes de detención
y presos políticos en la VIII y IX regiones. Más de
diez (10) ministros especiales y cuatro (4) Fiscalías Militares
se han encargado de investigar “hechos de violencia” -desde
fines de 1997- producidos en el sur del país en el marco
del conflicto que enfrenta a mapuches con empresas forestales y
las fuerzas de ocupación policial.
Decenas de dirigentes y comuneros mapuches se encuentran sometidos
a proceso, en la mayoría de los casos juzgados por la ley
12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista.
Por las cárceles, han pasado más de un centenar de
mapuches que han debido enfrentar el nuevo Sistema Procesal Penal.
La represión directa se ha expresado no sólo en procesamientos,
encarcelamientos, asesinatos y persecución: a ello se suma
el control y hostigamiento de las policías en las zonas de
conflicto: “a través de allanamientos, controles en
caminos y sobrevuelos. En la actualidad, las comunidades enfrentan
una represión directa destinada a amedrentar, hostigar y
desmovilizar. (...) personas, familias y comunidades permanentemente
vigiladas y controladas por la policía civil y uniformada,
situación derivada de las investigaciones que llevan a cabo
los servicios de inteligencia chilenos”, señala un informe
de la Comisión de Derechos Humanos Mapuche.
“Extraños robos a sedes mapuches, seguimientos a sus
dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos
civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un
caso de doble secuestro se han registrado al interior de territorio
mapuche”, lo que ha sido denunciado por organizaciones mapuches,
eclesiásticas e incluso académicas, como el Programa
de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO).
¿Seguridad pública?
El gobierno plantea que la Coordinación
de Seguridad (Comité Interministerial), que ejercerá
el ministro de Interior, debe derivar en la creación de un
Ministerio de Seguridad Pública y Ciudadana. “Se buscará
implementar el concepto de solidaridad: dar más en los lugares
donde se tiene menos, vale decir, reforzar la flota de vehículos
policiales o autorizar el uso de helicópteros en los barrios
más conflictivos. Ello requiere necesariamente tener atribución
para solicitar evaluaciones más precisas; concentrar datos
y procesar la información para proponer estrategias que permitan
mejorar la eficacia de las acciones policiales”, señala
el oficialista diario La Nación.
El Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana, desarrollará
la “agenda antidelincuencia”. De esta forma, se instala
en la opinión pública la “seguridad ciudadana”
como el problema de mayor preocupación en la población,
por sobre la cesantía o la democratización de la sociedad.
Según cifras del propio gobierno, aumentan los delitos de
“alta connotación social” aunque en realidad lo
que aumenta son las cifras de “denuncias” y la “percepción
de temor”. Paz Ciudadana -organismo dirigido por Agustín
Edwards y la UDI- señala que el 61,6% de la población
cree que “aumenta la delincuencia”, y un 58% afirma que
“seguirá aumentando”, percepción alimentada
por los medios de comunicación, la derecha y las propias
políticas de alcaldes y las policías.
José Miguel Insulza anunció algunas medidas prioritarias:
“definir en la ley de Presupuesto mayores recursos para aumentar
la dotación policial”, “acelerar el trámite
de la ley de responsabilidad penal de menores, de control de armas
y de drogas”, “consolidar una institucionalidad en materias
de seguridad, a través de un ministerio o subsecretaría”;
que buscan controlar aun más a la población con la
excusa de la “seguridad ciudadana”.
La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)
completará el cuadro: “un organismo público centralizado,
de carácter técnico y especializado, dependiente del
ministerio de Interior”, cuyo objetivo será “producir
inteligencia... para la toma de decisiones y principalmente ejercer
las atribuciones correspondientes, en materia de terrorismo, criminalidad
transnacional organizada y contrainteligencia”. La ANI “elaborará
informes periódicos, de carácter secreto... además
requerirá de los estamentos de inteligencia de las Fuerzas
Armadas (FF.AA.) y Seguridad Pública, así como de
Gendarmería, la información del ámbito de la
entidad y la residual que tuvieran conocimiento”.
Su creación fue aprobada por unanimidad en la Cámara
de Diputados, lo que fue destacado por el ministro Insulza como
una muestra de “unidad nacional”. Podrá emplear
las fuerzas de Carabineros e Investigaciones, “en el marco
de las leyes como las que combaten el terrorismo y el narcotráfico...
dentro de los procedimientos para obtener información: intervención
de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales
y de correspondencia y de sistemas y redes informáticos;
la escucha y grabación electrónica, y la obtención
de antecedentes sujetos a reserva o secreto bancario”, entre
otras.
El 13 de agosto, la Corte de Inmigración de Londres, Inglaterra,
acogió una petición de “asilo político”
a favor de un ex carabinero chileno que ha sido declarado “desertor”,
quien denuncia actos de corrupción y torturas en contra de
mapuches. El ex cabo Julio Pino Ubilla podría enfrentar una
condena de 20 años de regresar a Chile y ser juzgado por
una Corte Marcial. “La medida deja en evidencia una situación
que se mantiene inalterable desde la dictadura al interior de los
cuarteles policiales chilenos, como es la práctica de la
tortura en contra de miembros de agrupaciones políticas y
de resistencia”, señala el periodista Pedro Cayuqueo,
director del Kolectivo Lientur.
Julio Pino “desertó” a fines de 2002, viajando
a Inglaterra con visa de turista. Huyó por temor a ser asesinado,
ya que recibió “amenazas de muerte” por parte de
sus superiores, quienes lo trataron de “comunista” por
oponerse a malos tratos y violencia innecesaria que ejercían
oficiales -con conocimiento de sus mandos- tanto hacia las tropas
como a los civiles detenidos, entre ellos comuneros mapuches.
En su presentación a la Corte de Inmigración de Londres,
el ex policía relata una serie de abusos a los que son sometidos
la suboficialidad, y malos tratos y torturas, conductas contrarias
a los tratados de derechos humanos firmados por Chile, en que incurren
normalmente miembros de la institución en contra de jóvenes
de bajos ingresos, minorías sexuales, inmigrantes y comuneros
mapuches. El ex cabo denuncia la nula voluntad de las autoridades
para frenar estas irregularidades: “No están dispuestos
o son incapaces de proporcionar protección a las víctimas
de violaciones a los derechos humanos que se siguen realizando en
democracia”. Sostiene que al manifestar su oposición
a los malos tratos que presenció o tuvo conocimiento, fue
sometido por sus superiores a “hostigamientos y abusos”,
incluida “tortura sicológica y reiteradas amenazas de
muerte”.
Según el Alto Mando de Carabineros:
“Ninguno de los ex funcionarios denunció en instancia
alguna del país, como tampoco en Carabineros, los hechos
que ahora habrían expuesto ante organismos de inmigración
de Inglaterra para obtener la calidad de asilados y la visa de residencia
en ese país”. La justicia de inmigración inglesa
tiene en sus manos la petición de “asilo político”
efectuada por Myriam Solís Fernández, cónyuge
del ex carabinero y que también se desempeñaba como
funcionaria de la institución.
La resolución de la Corte inglesa sostiene que la policía
chilena puede ser categorizada como “agente de la persecución”,
y que no existe “protección legal para quienes son víctimas
de abusos a los derechos humanos practicados por la policía”.
Agrega: “No hay buena voluntad para detectar, procesar y castigar”,
“la policía tiene impunidad” para cometer este
tipo de abusos, afirmación que se complemente con informes
del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura (1995), de Amnistía
Internacional (2002, 2003), e incluso un Informe de Derechos Humanos
del Departamento de Estado de los EE.UU. (2001): “Observo del
informe del Departamento de Estado de los EE.UU. que en 1995 y 1996
la Corporación de Asistencia Judicial recibió 195
acusaciones de maltrato por parte de policías al momento
de la detención. En 1997, eran 400; 815, en 1998; 1.179,
en 1999; y 1.074, el 2000. Las causas por violencia policial fueron
generalmente archivadas o enviadas a una corte militar”, añade
el texto.
El ex carabinero denuncia en 38 páginas abusos cometidos
por efectivos policiales en contra de grupos sociales, homosexuales,
jóvenes de bajos recursos y principalmente mapuches. Relata
en detalle las técnicas de tortura que aplica hoy la policía
uniformada. Sobre los malos tratos a mapuches, señala: “por
lo general son policías que llevan de Santiago al sur, porque
los policías del sector se oponen a castigar a los mapuches
ya que ellos mismos viven en el lugar y comparten con ellos. Además,
la gran mayoría es discriminada por oficiales racistas y,
muchas veces, trasladados lejos del hogar”.
El texto presentado a la Corte rrecuerda un caso emblemático:
“Un día escuché cómo comentaban de la
tortura que sufrieron 7 mapuches de Truf Truf, comuna de Padre Las
Casas. Habían viajado desde Santiago exclusivamente para
hacer ese trabajo. Era un grupo de 12 funcionarios, entre ellos
varios oficiales, los cuales se presentaron en los domicilios de
Juan Coliñir, Alberto y Ruperto Coliñir Painemil,
Bernardino Parra Nela, Manuel Parra Catrilaf, Juan y Aurelio Catrilaf
Parra. La excusa era ejecutar una orden judicial, la cual era sólo
para 3 personas y no 7. Ingresaron violentamente a los hogares de
estas personas, sacándolas prácticamente desnudas,
los golpearon a la vista de sus mujeres e hijos”.
El caso de los comuneros torturados de Truf Truf fue ampliamente
difundido en 1999. Se trataba de uno de los primeros casos que dejaba
en evidencia el uso de instalaciones policiales para aplicar la
tortura en contra de militantes mapuches. Varios de ellos, denunciaron
haber sido sometidos de manera sistemática a sesiones de
tortura. Los dirigentes de las comunidades afectadas por los allanamientos
presentaron ante la Fiscalía Militar de Temuco una querella
por los delitos de “robo, violencia innecesaria, tortura y
otros tratos crueles y degradantes”. Hasta la fecha, ningún
policía ha sido puesto a disposición de la justicia.
Chile: De la CNI a la ANI, nueva estrategia represiva.
El año pasado, la apertura a la prensa
de la discusión sobre la inminente creación de la
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) -luego del fallido intento
de aprobar el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI)-, rompió
la habitual reserva sobre el tema. La iniciativa plantea incorporar
a las Fueras Armadas (FF.AA.) a las tareas de “inteligencia
política”, bajo supervisión del gobierno civil.
Hasta hoy, las labores de inteligencia que realizan las FF.AA. y,
principalmente el Ejército a través de la Dirección
de Inteligencia del Ejército (DINE), no poseen ningún
control “civil”.
La connivencia entre los gobiernos de la Concertación y las
Fuerzas Armadas durante la “transición a la democracia”,
no llama la atención. La transición precisamente consiste
en mantener con pequeños remozamientos el statu quo de la
era militar en el objetivo común de perpetuar la institucionalidad
y el modelo económico bajo férreo control impidiendo
cualquier expresión de descontento popular. La ANI y el posible
ministerio de Seguridad son parte del objetivo estratégico
de las clases dominantes y su expresión política.
Tortuoso camino
La “transición” mantiene
las desigualdades económicas y sociales de la dictadura,
el aparato militar y de inteligencia con sus estructuras casi intactas,
perpetuando la impunidad de los principales responsables de violaciones
a los derechos humanos. Un sistema político de “continuidad”
con la dictadura, por lo que no es extraña la unidad de criterios
de la Concertación, la derecha y los militares respecto de
la necesidad de instalar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Las “coincidencias” entre los políticos del sistema
y el mundo militar se han manifestado desde antes del inicio de
la “transición” y, principalmente, durante el gobierno
de Patricio Aylwin en temas como la “seguridad ciudadana”,
el “control represivo-selectivo”, el “Estado policial”
y el “exterminio de la subversión”. Se exacerba
en el imaginario un cuestionable aumento de la delincuencia, acompañada
de la “conexión entre ex subversivos, asaltantes y narcotraficantes”,
“delitos con mayor violencia”, y un mayor acceso a “armas
de fuego y explosivos”, lo que va de la mano con reprimir intentos
de articulación de grupos estudiantiles o poblacionales,
y principalmente las organizaciones y comunidades mapuches en las
zonas en conflicto. Incluso, las fuerzas policiales han desalojado
hogares universitarios mapuches, reprimiendo actos o tocatas musicales
organizadas en defensa de la lucha mapuche por sus tierras.
Con el pretexto de urgencia de “políticas de seguridad
ciudadana” se fortalece el control social a través del
sistema “represivo-preventivo”, manteniendo estructuras
centralizadas e innumerables ramificaciones territoriales en poblaciones,
centros estudiantiles, zona mapuche, etcétera.
La Oficina: represión política y poder
El Presidente de la República, Ricardo
Lagos, concretará el abortado intento de crear un organismo
de inteligencia cívico-militar presentado por Eduardo Frei
Ruiz-Tagle en enero de 1997, tras la fuga de cuatro (4) militantes
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de la
Cárcel de Alta Seguridad. El proyecto del Presidente Eduardo
Frei no prosperó por los “ruidos” que creó
la detención de Augusto Pinochet en Londres y su petición
de extradición por España.
Según trascendidos de prensa, los principales objetivos de
la ANI serán: “coordinar las direcciones de inteligencia
que ya existen. (...) Regular el intercambio de información
que éstas generan. (...) Asesorar directamente al jefe de
Estado respecto a los mecanismos de seguridad que debe tener el
país en materias políticas, económicas y militares,
tanto dentro como fuera del país”. Se inaugurará
una nueva colaboración cívico-militar, abocada hoy
a crear la legalidad necesaria para prevenir y/o reprimir cualquier
expresión de descontento popular, siguiendo las directrices
norteamericanas.
A los gobiernos de Chile y Estados Unidos los une el discurso común
contra el “narcoterrorismo” y una práctica en terreno
de modelos policiales y ejercicios militares conjuntos. En materia
de seguridad, el gobierno de Patricio Aylwin creó un organismo
de inteligencia con capacidad de equiparar la labor de organismos
militares que siguieron operando con autonomía, y con la
misión de desarticular a las organizaciones políticas
que pudieran constituirse en un obstáculo para la “transición”.
Las tareas de inteligencia “democráticas” se comenzaron
a desarrollar desde 1990, pero la creación formal del Consejo
de Seguridad Pública data del 23 de octubre de 1991. Sus
primeros directores fueron: Mario Fernández (DC), Jorge Burgos
(DC) y Marcelo Schilling (PS). La “Oficina” -como fue
conocida por la prensa y la ciudadanía-, dispuso de la información
residual de la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINE) y de herramientas operativas y legales que le permitieron,
en definitiva, orientarse hacia los objetivos definidos por el ministerio
de Interior, presidido entonces por Enrique Krauss: “Dislocación
y exterminio del complejo Mapu-Lautaro en sus tres estructuras Movimiento
Juvenil Lautaro (MJL), Fuerzas rebeldes y Populares Lautaro (FRPL),
y MAPU-Lautaro; desarticulación del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR), y trabajo hacia el Partido Comunista
(PC)”.
Para cumplir con los objetivos, que incluyeron la desarticulación
del MIR EGP-PL, la Oficina diseñó, planificó
y participó en operaciones y montajes, inaugurando una nueva
“guerra sucia”, que incluyó la muerte de una treintena
de militantes del Lautaro y el FPMR, y la detención de la
mayoría de sus dirigentes. Para esos fines se utilizó
la delación, infiltración y contratación de
“informantes”. Los escándalos de la “Oficina”
obligaron al poder político a aprobar la Ley 19.212 (1993),
que creó la Dirección de Seguridad e Informaciones,
bajo el mando de Isidro Solís (PRSD), funcionario de Gendarmería
y hombre de confianza de Belisario Velasco, en ese momento subsecretario
de Interior.
En 1995 se produjo un giro en las políticas de inteligencia.
Los presos políticos fueron trasladados a la Cárcel
de Alta Seguridad (CAS), y se habló del fin de la “transición
y la subversión”. Durante el gobierno de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, la Dirección de Seguridad pasó a llamarse
Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI).
Mario Papi (PRSD) asumió la jefatura y volcó sus objetivos
a “privilegiar el análisis a partir de fuentes abiertas,
enfocado en escenarios delictuales, sindicales y económicos
entre otros”.
Sistema represivo-preventivo
En el gobierno de Ricardo Lagos, los socialistas
volvieron a la cabeza de la DISPI. Gustavo Villalobos (PS), abogado
y ex integrante de la Vicaría de la Solidaridad fue nominado
en su dirección. Se comprometió a “no utilizar”
la información que conoció por su “antiguo cargo”.
Desarticulada la “subversión”, la nueva labor de
inteligencia civil se abocó a “la búsqueda y
procesamiento de datos relacionados con los actores sociales populares”.
A la cabeza del departamento encargado se nombró a Luis Marcó,
uno de los principales articuladores de las políticas de
“seguridad ciudadana”.
La campaña “antisubversiva y antiterrorista” de
los primeros años de la Concertación, se desarrolló
paralelamente con el reforzamiento de la “seguridad ciudadana”
y contó con la legislación represiva heredada: ley
de Detención por Sospecha, Control de Armas y Explosivos,
Antiterrorista, Seguridad Interior del Estado, y la aprobación
de nuevas leyes que facilitaron las tareas de inteligencia, como
la ley de Delación Compensada.
El traspaso de la dependencia de Carabineros del ministerio de Defensa
al de Interior no significará una “democratización”
de las fuerzas represivas, que operan en sentido contrario: crecimiento
numérico, impunidad, más recursos, aplicación
de planes norteamericanos, etcétera. El sistema represivo-preventivo
de los organismos de inteligencia, la “globalización”
de la represión y la especialización y militarización
de las policías pone de manifiesto la tradición autoritaria
de las clases dominantes y el férreo control sobre la sociedad,
control que se mantiene a través del modelo económico,
reforzado por los medios de comunicación y la propia “seguridad
ciudadana”.
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