Delegación mapuche en Santiago
Exigen poner fin a juicios por terrorismo
La Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche entregó en horas de la tarde de ayer jueves una misiva al propio Presidente Ricardo Lagos, en repudio al actuar de su gobierno como parte acusatoria en el juicio que comenzará este lunes 13 de junio contra dirigentes y miembros del movimiento social mapuche. Del mismo modo, la delegación sostuvo una serie de reuniones con diversas instancias políticas, sociales y de derechos humanos, a fin de obtener reacciones en contra de la aplicación de leyes antiterroristas sobre este y otros casos que involucran a personas y organizaciones mapuche en al zona sur de Chile.
Por Azkintuwe Noticias / Viernes 10 de junio de 2005
GULUMAPU / Diversas gestiones se encuentra realizando la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, con el fin de exigir al Gobierno Chileno que se desista de ser parte querellante en el próximo juicio sobre "asociación ilícita terrorista" que se desarrollará por segunda vez en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, luego que la Corte Suprema anulara la resolución que había absuelto a 8 imputados mapuche, entre ellos los lonko tradicionales Aniceto Norin y Pascual Pichún, de la zona de Traiguén.
En este marco, dirigentes de la Coordinación, entre ellos el werken de la comunidad Temulemu, Juan Pichún, entregaron en horas de la tarde de ayer jueves en Santiago una misiva al propio Presidente Ricardo Lagos, en repudio al actuar de su gobierno como parte acusatoria en el juicio que comenzará este lunes 13 de junio. Del mismo modo, sostuvieron una serie de reuniones con diversas instancias políticas, sociales y de derechos humanos, a fin de obtener reacciones en contra de la aplicación de leyes antiterroristas sobre este y otros casos que involucran a personas y organizaciones mapuche en la zona sur de Chile.
Para los dirigentes de la Coordinación, la situación de los lonkos mapuche, se enmarca en la utilización que hace el estado chileno de la Ley Antiterrorista 18.314 de manera injusta, abusiva y aberrante, la que según ellos, solo sirve para juzgar a los mapuche violando las garantías procesales de numerosas personas. "Esto es inaplicable e inaceptable, ya que también se está violando las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos y todas", señaló uno de los delegados en la capital.
Las organizaciones mapuche también consideran que el gobierno debe atender y cumplir las reclamaciones y exigencias de organismos internacionales, principalmente en lo relativo a terminar con la criminalización y judicialización de las justas demandas mapuche y a considerar la amnistía a todos (as) los (as) prisioneros políticos mapuche, que señalara el relator de las Naciones Unidas Rodofo Stavenhagen. Para los mapuche, similar posición han adoptado numerosas organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales. "Sin embargo, el Estado y especialmente el gobierno chileno ha hecho oídos sordos ha estas reclamaciones y recomendaciones", sentencia la Coordinación.
"El único terrorismo en Chile es aquella industria forestal que generan la destrucción de los ríos, de flora y fauna, de ecosistemas, y que mantienen la usurpación de tierras de comunidades que hoy reclaman, bajo el completo amparo del gobierno", sostienen las organizaciones haciendo una directa alusión a las empresas Forestal Arauco y Mininco, las principales que han mantenido conflictos territoriales con comunidades mapuche, siendo una de ellas la del grupo Matte (Mininco), quien es parte de la acusación en este nuevo juicio oral pronto a comenzar.
Meli Witran Mapu
También en la capital chilena, la organización mapuche urbana Meli Witran Mapu (de los Cuatro Puntos de la Tierra), rechazó a través de un comunicado público la "sistemática" aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del gobierno chileno contra los mapuches. "Durante los últimos dos años el Gobierno de Chile y el Poder Judicial ha aplicado sistemáticamente la ley antiterrorista a dirigentes del Pueblo Mapuche, con afán de criminalizar nuestra demanda social y desarticular cualquier tipo de movilización en ese sentido", señalaron.
"Actualmente los dirigentes y comuneros mapuche son acusados, bajo ningún argumento, por la ley que sanciona conductas terroristas, a pesar de las constantes críticas de los defensores de derechos humanos. Tenemos actualmente varios hermanos (as) de nuestro pueblo condenados y encarcelados bajo esta figura legal, en los penales de Concepción, Angol y Traiguén. Asimismo, a otros se le han aplicado leyes comunes, pero siempre en el marco del conflicto social entre el pueblo Mapuche, el estado chileno y el empresariado. Por estas razones hablamos de ellos como presos políticos mapuches", argumentaron.
Para Meli Witran Mapu, el primer juicio contra los lonkos de Traiguén habría constituido un aberrante punto de partida en este tipo de atropellos. "El juicio de los lonkos marca el inicio de todas las aberraciones jurídicas que se cometen contra los mapuche... Esta situación volvió a repetirse durante julio y agosto de 2004 en el juicio Poluco Pidenco, que involucraba a una decena de mapuches acusados por incendio terrorista por parte del Gobierno de Chile y de la Empresa Forestal Mininco S.A... En octubre y noviembre de 2004 se llevó a cabo otro juicio contra 16 mapuches acusados por el delito de asociación ilícita terrorista", señalan.
Pero el recuento continúa. "En esta seguidilla de juicios, el 22 de noviembre de 2004, la Corte Suprema de Santiago ratificó la condena a 5 años de cárcel contra Víctor Ancalaf LLaupe, dictada por el Ministro en Visita de Concepción, Diego Simpertigue. Ancalaf fue acusado por la presunta quema de tres camiones en el Alto Bío Bío, situación que nunca fue comprobada en los hechos. El último juicio por Ley Antiterrorista se efectuó a comienzos de abril de 2005. En esta oportunidad fue condenado Juan Carlos Huenulao a 10 años y un día de presidio, más una indemnización de más 400 millones de pesos, por el supuesto delito de incendio terrorista", relatan.
"Este es el escenario actual de aberraciones jurídicas cometidas contra dirigentes de nuestro pueblo. La anulación del fallo absolutorio del caso asociación ilícita terrorista, obliga a la realización de un nuevo juicio oral, que comenzará el día 13 de junio en la ciudad de Temuco. Este contexto nos lleva a comunicar nuestro más absoluto rechazo a la realización de un segundo juicio por asociación ilícita terrorista, sobretodo cuando ha quedado demostrado en el tiempo la actitud tendenciosa de la Corte Suprema de Justicia chilena, que busca efectivamente una condena sobre nuestros dirigentes", afirman.
Carta desde Suiza
En tanto, una carta abierta dirigida a Ricardo Lagos Escobar, Presidente de Chile, y Señor Hernán Álvarez García, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, enviaron desde Ginebra, Suiza, los máximos representantes de la Defensoria Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU). A continuación, el texto íntegro de la misiva:
"Queremos expresarle nuestra más profunda preocupación por los continuos intentos y dudosos medios legales que el Estado chileno utiliza para criminalizar el movimiento y pensamiento mapuche en su proceso de reconstrucción como pueblo. La violencia, la represión, la tortura, las agresiones físicas, la brutalidad policíaca, etc. forman parte de las políticas de estado para detener sus reivindicaciones. Lamentamos que el clamor de la opinión pública internacional, de las organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas no sean escuchados por su gobierno y se avance en la búsqueda de soluciones reales a las demandas de derechos del pueblo mapuche.
El 6 de abril del 2004, una vez más la corte Suprema de Justicia chilena, presionada por quienes ostentan el poder económico y político en el país, ha intervenido anulado el fallo absolutorio por el juicio de "Asociación ilícita Terrorista", realizado en octubre del 2004, en la ciudad de Temuco. Este juicio pretendía sindicar a la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco -Malleco, como una organización destinada a cometer actos ilícitos. Un nuevo juicio se prepara para el día 13 de junio, en el cual la suerte de los procesados ya ha sido decidida.
La Corte Suprema de Justicia no solo ha anulado el fallo absolutorio sino que ha emitido criterios que demuestran su parcialidad y carencia de neutralidad ante los hechos como se puede leer en el siguiente planteamiento"es evidente que un análisis pormenorizado de la prueba rendida, lo que necesariamente deberá hacerse en otro juicio oral, deberá conducir a una sentencia totalmente diferente, y respecto de algunos o todos los acusados".
La Ley Antiterrorista tiene facultades tan amplias que priva a los acusados de una gama de garantías procesales y no asegura un debido proceso. Esta puede utilizar testigos (anónimos) sin rostro, desembolsar grandes cantidades de dinero para "protección de testigos", ampliar las medidas cautelares, utilizar largos períodos de detención preventiva, intervenir comunicaciones telefónicas, escritas, electrónicas, etc. por período indefinido de tiempo. También puede mantener pruebas en secreto durantes seis meses, juzgar dos veces por el mismo delito, etc. Todos las facultades mencionadas han sido utilizadas contra los luchadores sociales mapuche en diferentes oportunidades.
Algunas disposiciones de esta ley viola garantías procésales fundamentales protegidas por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Se suma a esta situación, en el caso del proceso de asociación "Asociación Ilícita Terrorista" que los acusados han tenido como querellantes al Estado chileno (Ministerio Público y del Interior) la Municipalidad de Temuco y empresas transnacionales como la Forestal MININCO, entre otros. ¿Cómo podría el Estado chileno garantizar juicios justos al pueblo mapuche cuando estos se enfrentan a un poder omnipotente?
El nuevo juicio oral contra los luchadores sociales mapuche pone en evidencia una vez más, la parcialidad de la justicia chilena, el racismo endémico que existe en la institucionalidad nacional y la estrecha alianza del Estado Chileno con el poder económico trasnacional y nacional. Alianza que en su intento por implementar un sistema depredador y excluyente no puede permitir que se reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas, que estos practiquen su derecho a la autodeterminación, que revindiquen sus territorios ancestrales y sus derechos individuales como colectivos.
Reiteramos que una condena por asociación ilícita terrorista no solo viola los derechos del pueblo mapuche, sino que crea precedentes para sindicar de terrorista a cualquier expresión social y organización política que se oponga al modelo neoliberal.
Es inconcebible que en un Estado que se autodenomina democrático y moderno se siga criminalizando la lucha social y las cárceles se sigan llenado de detenidos y prisioneros políticos. Tampoco se puede entender que se sigan aplicando cuerpos legales creados por la despreciada dictadura militar, como es el uso la Ley Antiterrorista 18.314 y sus modificaciones. Queremos recordarles que esta misma ley fue ampliamente criticada y condenada -durante los años de la dictadura- por la comunidad internacional y por quienes gobierna hoy el país.
Considerando la actual situación chilena y ante la negativa del Gobierno de buscar soluciones a las justas demandas del pueblo mapuche, exigimos: 1. Libertad inmediata e incondicional para todos los prisioneros políticos chilenos y mapuches. 2. Cierre de todas las causas procesales contra los imputados mapuche. 3. Anulación del nuevo juicio por "Asociación Ilícita Terrorista" contra los luchadores sociales mapuche. 4. Alto a la represión y a la presencia policial en territorio mapuche y cese de la criminalización de sus organizaciones, como es el caso de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto, Arauco-Malleco. 5. Inicio de un proceso de diálogo participativo y transparente con las autoridades, organizaciones y comunidades mapuche para la búsqueda de soluciones permanentes a la deuda histórica, el reconocimiento constitucional y derecho a la autodeterminación.
Queremos recordar a los gobernantes chilenos que el pueblo mapuche pagó un alto precio durante la sangrienta dictadura militar y fue vanguardia en la lucha para restablecer la transición democrática que vive hoy el país. También queremos recordarles que quienes hoy defienden los derechos del pueblo mapuche, en el pasado no dudamos en apoyar a varios de los actuales gobernantes cuando estos eran perseguidos por la dictadura y se les aplicaban las mismas "leyes" que se hoy utilizan para perseguir a los luchadores sociales.
Por ello, mantendremos una actitud atenta y vigilante ante la evolución de la situación e incrementaremos las denuncias, protestas, demandas e información ante el gobierno de Chile, la opinión pública internacional y los organismos defensores de los derechos humanos. Firman: Ana Vera / Presidenta - Jaime Valdés / Secretario General - DIDEPU / Ginebra, Suiza, 9 de junio de 2005" / Azkintuwe