El Nuevo Trato se diluye bajo las aguas
Temuco, 12 de mayo de 2004
La idea del nuevo trato para con los pueblos indígenas, que concitó el interés y contó con la colaboración de vastos sectores de la sociedad chilena, parece no haber sido mas que una ilusión, que hoy, al igual que el cementerio de la comunidad pehuenche de Quepuca Ralco, se diluye, triste y vergonzosamente, bajo las aguas.
El 16 de abril pasado el Presidente Lagos dio a conocer su respuesta al Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Junto con reiterar la urgencia de los consabidos proyectos de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas y de aprobación del Convenio 169 de la OIT, Lagos anunció la creación una Subsecretaría de Asuntos Indígenas como ente coordinador de las políticas publicas en la materia, y de un Consejo de Pueblos Indígenas “como interlocutor directo, autónomo, representativo de los pueblos indígenas de Chile”. Además propuso, sin especificar su operatividad, la “participación de los representantes indígenas en las distintas instancias políticas y sociales que existen”. Junto con ello dispuso un conjunto de medidas tendientes a la instalación de los Consejos Consultivos previstos en la ley indígena, el fortalecimiento y ampliación (de 6 a 10) de las Areas de Desarrollo Indígena, y la creación de dos comunas nuevas en áreas indígenas.
En materia de desarrollo, anunció la puesta en marcha de una segunda fase del Programa Orígenes con una inversión de US $ 37 millones, la continuidad del programa de restitución de tierras y aguas en base a los “justos títulos” indígenas, la ampliación del programa de becas indígenas, el reconocimiento de los agentes de salud indígena, y un conjunto de medidas especiales para los distintos pueblos indígenas, incluyendo medidas de reparación de los pueblos australes hoy extintos y de protección de aquellos que subsisten
Las propuestas presidenciales no solo obedecen al cumplimiento tardío de un compromiso adquirido por el en octubre de 2003 al recepcionar el Informe de la Comisión Verdad Histórica, sino que se dan una semana después que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU analizara en Ginebra el crítico Informe del Relator Especial de esta entidad, Rodolfo Stavenhagen, sobre los derechos de los pueblos indígenas en Chile. En efecto, la segunda semana de abril, la Comisión escucho, en presencia de representantes del gobierno de Chile y del pueblo mapuche, la síntesis del Relator sobre los graves problemas que hoy afectan la vigencia de los derechos indígenas en Chile. Entre estos problemas el Relator identificaba la correlación que existe entre pobreza e identidad indígena, la situación de exclusión política y social que afecta a los indígenas hasta hoy, los problemas que los grandes proyectos de inversión - en particular forestales e hidroeléctricos (Ralco)- han provocado en comunidades indígenas, la fragilidad de la legislación para proteger los derechos indígenas sobre sus recursos naturales, y la criminalización de las actividades de protesta social de los indígenas.
Las propuestas del jefe de gobierno han sido objeto de las ya conocidas críticas de los sectores conservadores de la sociedad chilena, desde donde se las ha calificado como “mas de lo mismo”, o como medidas que propenden a la separación de los indígenas del resto de la sociedad chilena y que no se encaminan hacia lo que para ellos constituye el objetivo central de una política indígena, cual es la superación de su situación de pobreza.
Los indígenas, en cambio, han guardado silencio. Ello no es de extrañar, por cuanto no es la primera vez en los últimos años que se hacen anuncios sobre cambios en la política pública para con sus pueblos (recordemos las 16 medidas anunciadas por Lagos a comienzos de su mandato) sin que nada sustancial cambiase tanto en la política publica como en su realidad cotidiana.
El silencio indígena no resulta extraño, además, por cuanto las propuestas formuladas por Lagos no recogieron muchas de las propuestas que la propia Comisión Verdad Histórica hizo con miras a construir un nuevo trato para con sus pueblos. En efecto, dicha Comisión había propuesto con este objetivo consagrar constitucional y legalmente un conjunto de derechos políticos (elección de representantes indígenas en las distintas instancias del Estado, autonomía para los rapa nui), territoriales (derechos sobre tierras y territorios, preferencia sobre los recursos naturales, participación en los beneficios, Corporación de Reparación para tierras mapuche, etc.) y culturales, que no fueron considerados en el anuncio presidencial.
Lagos tampoco recoge algunas de las recomendaciones más importantes que el Relator Stavenhagen hace en su informe sobre Chile, tales como aquellas que dicen relación con la reconstrucción de “los tradicionales territorios comunales indígenas”; “el acceso privilegiado a los recursos acuíferos y maritimos que necesitan tradicionalmente para su propia subsistencia”; el que todo proyecto desarrollo sea consultado previamente y que sus opiniones sean consideradas; el que se evite la “criminalización” de una demanda agraria de carácter político; que se evite “aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”)” a hechos relacionados con la lucha indigena por la tierra; y que se considere la posibilidad de declarar una amnistía para los indígenas procesados por las actividades en defensa de sus tierras.
Mas grave aún, las propuestas de Lagos son contradictorias con la práctica cotidiana de la política publica del Estado para con los indígenas y sus comunidades, en especial con los mapuche, la que lamentablemente no da cuenta del nuevo trato que se anuncia, sino por el contrario, sigue siendo en muchos casos irrespetuosa de su dignidad y derechos.
Así por ejemplo, en el mes de marzo pasado, el Presidente Lagos faltó al compromiso contraído con los mapuche lafkenche de asistir a una reunión convenida con ellos en Lago Budi.
La decisión presidencial de no asistir a la cita convenida con los mapuche lafkenche – que congregó a alrededor de cinco mil personas que viajaron desde lugares tan distantes como Tirua por el norte y Aysen por el sur - sin una explicación adecuada, es grave. Ello por cuanto dicha reunión era la culminación de un proceso análisis y discusión que las comunidades lafkenche venían desarrollando para abordar sus problemas relacionados con el borde costero marítimo (fundamentalmente relacionados con la presencia de sectores e intereses no indígenas al amparo de la actual legislación de pesca), proceso que había sido apoyado por el propio gobierno a través de la oficina de coordinación indígena de MIDEPLAN. La frustración de los lafkenche fue mayor al conocer las categóricas declaraciones del Presidente a la prensa en relación con este episodio.[1]
Otro ejemplo de lo anterior lo encontramos en la persistencia hasta la fecha de los requerimientos formuladas por el ejecutivo a objeto de perseguir judicialmente a los mapuche por hechos ocurridos en el marco del mal llamado “conflicto mapuche”.
Así, en el mes de abril se reinició el juicio oral en contra de un grupo de dirigentes mapuche que están siendo procesados por pertenecer a la organización Coordinadora Arauco Malleco, a quienes se les imputa, al amparo de leyes especiales que fueron condenadas en su oportunidad por quienes hoy integran el gobierno, formar parte una asociación ilícita terrorista. Como hemos señalado con anterioridad, la utilización de esta legislación para perseguir a los mapuche no solo es demostrativa de una estigmatización de los mapuche y de sus demandas, sino que debilita gravemente las garantías procesales que son inherentes a un juicio justo. Ello al establecer mecanismos para la protección de los testigos – que han sido utilizados para la presentación de testigos sin rostro – y al exponer a los imputados a penas elevadas.
Otra situación de gravedad es la producida recientemente en el Alto Bío Bío en perjuicio de comunidades pehuenche que allí habitan. A pocos días de haberse formulado el anuncio presidencial aquí referido, el 21 de abril pasado la empresa ENDESA, sin previo aviso a las autoridades y menos aún a las comunidades pehuenche, cerró las compuertas de la central Ralco, inundando con ello el cementerio indígena de Quepuca Ralco donde se encuentran enterrados medio centenar de antepasados de la comunidad, sin que el gobierno adoptara las medidas necesarias para evitar este acto evidentemente ilegal y delictuoso.
En efecto, argumentando que las precipitaciones otoñales habían generado un “llenado espontaneo” del embalse Ralco imposible de evacuar, ENDESA cerró, un mes antes de lo autorizado, las compuertas de Ralco originando su llenado definitivo. Ello en circunstancias que se encontraba pendiente el proceso ordenado por resolución ambiental de CONAMA con miras a dar “solución”, con el consentimiento de la comunidad, al problema planteado por la existencia de dicho cementerio en el área de inundación, ya fuese por la vía del traslado de los restos o de su cubrimiento por una capa de cemento.[2]
La actitud de ENDESA, así como la pasividad de las autoridades, las que se limitaron a lamentar los hechos ocurridos y a culpar a la CONADI por su falta de diligencia para resolver el problema, provocó la indignación de la comunidad de Quepuca Ralco. A raíz de ello, sus dirigentes denunciaron los hechos al Relator de la ONU, solicitándole una investigación, e interpusieron una querella criminal en contra de quienes resultasen culpables por la destrucción de lo que de acuerdo a la ley constituye un monumento nacional.
Estos y otros hechos que se viven a diario en el sur del país afectando a los mapuche generan, con razón, frustración y escepticismo entre sus dirigentes y comunidades. Muchos se preguntan, legítimamente a nuestro entender, si existe voluntad real de parte del gobierno de poner en marcha el nuevo trato que el Presidente Lagos anunciara recientemente.
Las acciones y omisiones del gobierno en el ámbito indígena de que aquí se ha dado cuenta no se condicen con la retórica nuevo trato presente en los anuncios presidenciales, sino por el contrario, mas bien dan cuenta de un pragmatismo político de una administración para la cual la política indígena nunca llegó a ser una verdadera prioridad.
Lamentablemente entonces, la idea del nuevo trato para con los pueblos indígenas, que concitó el interés y contó con la colaboración de vastos sectores de la sociedad chilena, incluyendo la de nuestro Programa, así como de muchos dirigentes indígenas a lo largo del país, parece no haber sido mas que una ilusión, que hoy, al igual que el cementerio de la comunidad pehuenche de Quepuca Ralco, se diluye, triste y vergonzosamente, bajo las aguas.
Temuco, 12 de mayo de 2004
Programa de Derechos Indígenas
Instituto de Estudios Indígenas
Universidad de la Frontera
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[1] Lagos señalo en entrevista al Diario Austral (14 de marzo de 2004): “Con mi mayor respeto, quisiera decir que la agenda la fijo yo, o sea, a mi no me fijan la agenda. Yo soy el Presidente de la Republica, y por lo tanto, si ellos quieren enviarme una carta, me la envían y si quieren venir a verme, pues yo veré si los puedo recibir. Por eso que he sido citado no se donde, por ningún motivo.”
[2] Funcionarios de CONADI se habían
reunido con integrantes de la comunidad a objeto de resolver el
problema planteado por el cementerio un día antes de la decisión
de ENDESA. A objeto de adoptar una decisión final sobre la
materia, se concertó una reunión para el 28 de abril,
fecha en la que el cementerio se encontraba ya bajo varios metros
de agua. La reunión, por tanto, nunca se efectuó.