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Declaración sobre Indígenas de la Asociación Abogados

Buenos Aires, 15 de junio de 2004.

Las comunidades indígenas y su pertenencia histórica sobre las tierras que ocupan.

La Asociación de Abogados de Buenos Aires hace pública su preocupación por las perturbaciones que están afectando a comunidades indígenas respecto a su pertenencia histórica sobre las tierras que ocupan.

Entendemos como una obscenidad los procesos por usurpación que se llevan a cabo en las provincias de Chubut y Salta en los que se persigue a integrantes de las etnias Mapuche; Guaraníes; Matacos, entre otras.

Estamos convencidos que la brutalidad cometida sobre estos pueblos desde la conquista colonial, se prolonga en el tiempo, pasa por lo denominado eufemísticamente “conquista del desierto” y llega hasta nuestros días con la mas que dudosa introducción de sus posesiones como bienes que están en el comercio. Instamos en forma vehemente a que el Congreso Nacional cumpla con su obligación y ejercite sus facultades para hacer expreso y operativo el reconocimiento de sus preexistencia étnicas y cultural. A la vez que garantice “...el respeto de su identidad y el derecho a un a educación bilingüe e intercultural; reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, trasmisible ni susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten...” (Artículo 75, inc.17, de la Constitución Nacional).

Buenos Aires, 15 de junio de 2004.

Norberto Lorenzo
Secretario General

Ernesto J. Moreau
Presidente

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Leer, firmar y difundir, gracias

CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, Contador MIGUEL SAIZ *

Señor Gobernador,

Las personas y organizaciones firmantes expresamos nuestro absoluto rechazo al manejo discrecional e inconsulto de la provincia en materia de minería.

La actual política minera, le recordamos, es consecuencia directa de las políticas neoliberales aplicadas en la década anterior en más de 70 países. Es consecuencia directa de la extorsión resultante de la deuda externa y otras formas de concentración de poder y riqueza. En nuestro país, el paquete de leyes que favorece a ese sector (no a la economía nacional) fue “logrado” aprovechando huecos y desconocimiento, usando una credibilidad construída con una mezcla de relaciones públicas “verdes”, lobbies y presiones estructurales, entre las cuales se cuentan las autodenominadas “prescripciones” del Banco Mundial, contratado a tal efecto por estos mismos sectores. Esas medidas serán legales, pero son indiscutiblemente ilegítimas pues fueron acordadas sin el consentimiento previo de la ciudadanía. Se trata de una transformación enorme, basada en vagas promesas y cuestionables presunciones acerca del uso intensivo de recursos estratégicos, incluyendo los cursos de agua, que amenazan con DESTRUIR, no “crear”, puestos de trabajo y ocasionar, entre muchas otras consecuencias, contaminación a largo plazo que afectará la producción rural, el turismo y la imagen de la región. El sector minero, consciente de que debe actuar con velocidad, pues tiene horizontes de unos 10 a 15 años, publicita el movimiento de sus equipos, elementos químicos, explosivos y gente como una “inversión” e “importante logro” de dimensiones internacionales. ¿Quién duda que tenga “dimensiones internacionales”? Lo que dudamos es que sea un “logro” para nuestra provincia, su gente, su economía y la naturaleza. Pero lejos de actuar con inteligencia y sensibilidad política, su gobierno realiza campañas de promoción que son difíciles de distinguir de las que realiza el mismo sector interesado en la extracción.

Como representantes de la ciudadanía de la provincia, señor gobernador, Ud. y los funcionarios que apoyan la minería se han tomado atribuciones que ni se podían justificar en el siglo XIX. No hay razón –ni técnica, ni económica ni política- para no consultar a la población acerca de una cuestión tan relevante y con tantas consecuencias negativas probadas.

Como esa consulta no fue realizada hasta ahora sólo caben dos lecturas: la primera, más benévola, es que el gobierno, integrado por venerables vecinos con todas las bondades y limitaciones de su condición y clase, sencillamente desconocen las complejidades y antecedentes del tema. No los culpamos: nadie, para ser funcionario, necesita ser especialista en todo. Lo que deben hacer, por consiquiente, es consultar, tomarse y dar el tiempo necesario para reflexionar, comparar, ponderar ventajas y desventajas. ¿Lo han hecho? No tenemos noticias de ello, a menos que haya sido en círculos cerrados y consideren que eso sea “consultar”. Si ese fuera el caso estaríamos en condiciones de sacar la primer conclusión: que el gobierno actúa en nombre de una ciudadanía que sólo figura en su imaginación o, peor, que opera a espaldas de los intereses de la ciudadanía y es funcionalmente cómplice con los intereses extractivos.

Nos atrevemos a afirmar, como quedó demostrado en ese histórico y valiosísimo antecedente que produjo Esquel y la mayoría de las comunidades de la Comarca Andina, donde en promedio el 90% de la población rechazó la minería, que el resto de los argentinos y argentinas en conocimiento de las pretensiones mineras rechazarían todo proyecto. La profunda y rica experiencia social vivida en esa región debe ser algo desconocido o bastante incómodo para su gobierno, pues no tenemos registro de que siquiera la haya valorado públicamente en todas sus dimensiones. En cambio verificamos que apoyan sin reparos ese peculiar y para nada meritorio método de obtener dinero para unas empresas y sus accionistas basado en la mera destrucción ambiental, pues leemos que se reunen en salones repletos de representantes empresariales para escuchar sus promesas, sus necesidades de “comunicación” (bastante tarde se acordaron, pues las reglas de juego ya fueron establecidas con anterioridad) y soñar con los gaseosos beneficios de una Argentina “minera”. Hay alternativas mucho más inteligentes, sustentables, democráticas y socialmente válidas para la región y el país. La amplia coalición de individuos y organizaciones que rechaza la minería imperial no lo hace por capricho. Lo hace para proteger la base económica de la región, el protagonismo ciudadano, la democracia económica. Tiene mejores ideas y propuestas concretas y exige una profunda reorganización de prioridades, métodos y objetivos económicos de nuestra provincia. Sería una experiencia modelo para todo el mundo porque ocurriría ANTES de que sucedan los daños.

Para finalizar agregamos fragmentos de una carta abierta que la coalición de ONGs de Chubut y Río Negro dirigiera a sus antecesores, los señores Lizurume y Verani antes del plebiscito realizado en Esquel y otras comunidades de la comarca andina el 23 de marzo de 2003:

“Respecto al comienzo de la explotación minera por parte de la empresa Meridian Gold en el Cordón Esquel, Cordón Leleque y Cordón Cholila, que forma parte de una descomunal pretensión privada de avanzar sobre toda la cordillera en ambas provincias en el marco de un “Tratado de Integración Minera” firmado por funcionarios Argentinos y Chilenos en 1999, decimos:

Que rechazamos las actividades tendientes a la instalación de la empresa Meridian Gold, o de cualquier empresa que la sustituya, tanto como cualquier asociación de los estados provinciales con empresas privadas multinacionales y la expansión programática de la minería en ambas provincias. En Río Negro exigimos la limpieza –controlada por organismos públicos con fondos suficientes para realizar controles eficaces- de los residuos de las minas abandonadas y rechazar cualquier otro emprendimiento;
Que el arriba mencionado “Tratado de Integración Minera” para áreas fronterizas ni siquiera prevé la integridad ambiental de los parques y reservas provinciales o nacionales, afectando a cuencas hídricas que desembocan en los dos océanos. Peor aún, es una economía de rapiña que afecta regiones habitadas, espacios recreativos, zonas productivas de alimentación y cursos de agua en un mundo que necesita defender, más que nunca, la pureza del ambiente porque eso –y no un “desarrollo sustentable” abstracto- es condición y garantía de trabajo para ésta generación y las venideras;
Que, visto el mapa con las pretensiones de ese sector sobre toda la cordillera desde Jujuy hasta Santa Cruz, avaladas por un puñado de “representantes” de la Argentina por medio de leyes y decretos promulgados sin información previa y el debido consentimiento de la ciudadanía, tenemos razones para sospechar de aventuras similares a las de Esquel en el resto del Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Eso nos afecta a todos los argentinos por igual. En ese sentido entendemos, pero no compartimos, la intención de localizar el problema o dividirnos en regiones;
Que exigimos revisar las leyes que, como la recientemente Ley Ambiental sancionada el 6-11-02, está matizada con bella retórica ecologista pero beneficia, dadas las condiciones concretas de la Argentina, a intereses excluyentes y no cumplen efectivamente con la misión de proteger el ambiente porque en primer lugar no está protegida, como corresponde, la economía Argentina.
Que esto no es solo un pésimo negocio sino que estamos ante la posibilidad cierta una catástrofe ambiental y económica con múltiples consecuencias a corto y largo plazo. No vamos a callar ni ser cómplices de esa maniobra, caracterizada por minúsculas ventajas circunstanciales para algunos sectores a cambio de la destrucción irreversible del ambiente y de fuentes de trabajo para hoy y el futuro.
Que el sector pretende sostener (en un sentido sesgado del término “sostenible”) los riesgos empresariales y pretensiones de ganancias recostándose en generosas garantías jurídicas y, siguiendo una costumbre que consideramos absurda, en fondos públicos o hipotecas financieras.
Que ni siquiera estamos hablando de una minería nacional que responda a demandas de una industria propia;
Que las insignificantes “regalías” sólo cubren algunos huecos financieros y desesperación presupuestaria cortoplacista. Eso será pragmatismo útil para salir del paso en entrevistas televisivas, pero no es economía sino una reacción contable limitada, sectorial, resultante de la incapacidad y el encierro político. Para resolver esto hay que retomar el camino de la legitimidad, la inteligencia y la construcción social de nuevos escenarios económicos reales. Volver a la política, en otras palabras;
Que, ante esa posibilidad cierta, los gobiernos municipales, provinciales y nacional no parecen decididos por ahora a aplicar restricciones algo más rigurosas para el transporte y uso de la misma (por ejemplo las que rigen al interior de la Unión Europea), así como tampoco exigir a las empresas –no al estado- garantías vinculantes, medidas preventivas y/o de compensación igualmente generosas para las perjudicados ante eventuales accidentes o derrames.
Que las circunstancias que rodean a este tipo de explotación ponen en riesgo, tal como expresan los objetivos del Año Internacional de las Montañas (AIM 2002, coordinado por la FAO), el frágil ecosistema andino, exponiéndolo aún más a la erosión combinada, a la tala indiscriminada de bosques y a la contaminación del agua, aire y suelo. Y que a esta situación se añadirían las detonaciones de explosivos que perjudican la vida silvestre, sobre todo de la avifauna.
Que comprendemos la premura de quienes esperan extraer ganancias a costa del ambiente natural. Pero entender no significa justificar. Esperamos sin embargo que, en reciprocidad, también comprendan que esa urgencia, por ahora sólo acompañada por el vehemente apoyo de algunos funcionarios y beneficiarios temporales, no es compartida por todo el mundo porque existen diferentes visiones acerca del valor de la naturaleza, del trabajo, de la cultura y de la economía regional.
Que no admitimos ninguna acción tendiente a limitar la libertad de expresión y el derecho legítimo de investigar y difundir conclusiones y/o perspectivas opuestas a las actividades relacionadas con la minería, o de las opiniones de funcionarios públicos, por considerarlas lesivas de los derechos humanos reconocidos por los organismos nacionales e internacionales en esta materia.
Que las comunidades andinas en las dos provincias han optado decididamente por un perfil agro-turístico apropiado a la escala, la capacidad y las posibilidades concretas de la región y su gente, siendo éste un camino deseable de desarrollo local, social, económica y ambientalmente sustentable.
Que el valor concreto y la imagen internacional de la Patagonia como geografía natural, habitada y visitada por una sociedad conciente de tales características y que se manifiesta explícitamente en tal sentido, es mucho más trascendental y materialmente tangible que el valor circunstancial de la minería. Arrancar recursos naturales a escala comercial y en las condiciones actuales de “mercado” es ir a gran velocidad, pero a contramano, de los intereses económicos locales. La minería es una forma concentrada, transitoria y riesgosa de “generar empleos” que excluye otras actividades económicas legítimas, mucho más cercanas a las necesidades gente. A las estadísticas y números reales nos remitimos. La minería y otras actividades extractivas de gran escala en realidad destruyen fuentes de trabajo y sólo pueden avanzar en sus pretensiones de “crecimiento” ejerciendo presión sobre una sociedad puesta deliberadamente en estado de crisis.
Que los ciudadanos, en síntesis, exigimos conocimiento anticipado, consulta permanente e intervención directa en todas las decisiones estratégicas de la economía en todas sus dimensiones. Eso significa no aceptamos la separación artificial de la economía en partes que no se tocan, en ministerios y secretarías que no interactúan de manera eficaz, en fragmentos que son -por esa misma razón- más útiles a intereses particulares que a los trabajadores, a los empresarios locales, a todos los ciudadanos que constituimos esta sociedad. Como hemos leído en uno de los tantos documentos producidos por las organizaciones sociales “consideramos que el naciente debate acerca de la minería, lejos de ser un problema, constituye una extraordinaria oportunidad que no debemos desaprovechar, pero no para estudiar el “cómo” autorizar a este sector (por ejemplo si es con cianuro o sin cianuro) sino para definir entre chubutenses (y, agregamos, rionegrinos) una política económica integral, ecológica y democrática. Sencilla, tal vez, pero digna, independiente y sin espejismos dorados. Después veremos si necesitamos metales o minerales, cuales, para qué, en qué cantidad y extraídos en qué condiciones”.

Es por lo expresado que rechazamos esta forma catastrófica, desventajosa y antieconómica de obtener ganancias en la Patagonia. Apelamos pues a Vtro. sentido de responsabilidad para cuidar la economía y respetar los derechos de la actual generación y de las que vendrán. Los invitamos a ir al encuentro de la vida cotidiana de la población y de sus organizaciones, pero no para multiplicar el clientelismo o para instruir, sino para escuchar, aprender y obrar en consecuencia”.

Siguen varias adhesiones y firmas.

Asamblea Comarcal por el No a la Mina
Vecinos Autoconvocados de Cholila
Vecinos Autoconvocados de Lago Puelo
Vecinos Autoconvocados de Epuyén
Vecinos Autoconvocados de El Hoyo
Vecinos Autoconvocados del Valle del Genoa (Gobernador Costa y José de San Martín)
Vecinos Autoconvocados de Trevelin
Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel
Cristina Avendaño- DNI 11397428 -Trelew- CHUBUT

* Con copia a intendentes, legisladores provinciales y nacionales, concejales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales

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