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Comunidades Lafkenches de Arauco

De Leftraru a Lemun; programa de movilización por nuestros derechos ciudadanos

Resoluciones tomadas en el encuentro del Valle de Elicura:

Sábado 14 de diciembre de 2002

Presentación:

Las comunidades Lafkenches de Arauco presentamos a la opinión pública este documento que resume los principales temas que hemos venido trabajando desde el mes de octubre de este año.

Son temas que hemos abordado y discutido lo más ampliamente posible y que desembocaron este sábado 14 de diciembre 2002 en un programa de iniciativas y movilizaciones que pretende unir el pasado, presente y futuro de nuestro pueblo.

Las comunidades, asociaciones y organismos Lafkenches, tanto urbanos como rurales, que sostenemos este programa de acción, representamos distintos Espacios territoriales y sectores de nuestro Lefkenmapu; comunas de Lebu, Los Alamos, Cañete, Contulmo y Tirúa.

Los temas que se abordan, expresan la voluntad de trabajar unidos y en una posición mucho más avanzada que la que hasta hoy hemos tenido, ya que nos encontramos, después de la muerte de Edmundo Alex Lemun, en un nuevo escenario de conflictos.

Nuestra reflexión parte entonces considerando que para todos los mapuches del país, y ello independientemente del lugar donde nos encontremos, el asesinato de Edmundo Alex Lemun, de la comunidad Montutui Mapu de la comuna de Ercilla en la IX Región, es un atentado contra nuestra propia vida y un crimen cometido contra todo el pueblo mapuche, lo que deja en evidencia la clara voluntad gubernamental de querer exterminarnos si no nos doblegamos, integramos o asimilamos al sistema que imponen.

En nuestra región, la detención y posterior reclusión en la cárcel El Manzano de Concepción del hermano Víctor Ancalaf Yaupe, y posteriormente en nuestra propia provincia, las detenciones de José Huenchunao Mariñan y Jaime Cona Tranamil, seguidas de una verdadera cacería a más de 22 hermanos de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco, son provocaciones que el actual gobierno ha impulsado y que no podemos aceptar, ya que nuestro pueblo no cobija terroristas, sino descendientes de Leftraru que luchan como él, por nuestra libertad.

Todos estos atropellos, junto a nuestras principales demandas de tierras, reconocimiento y restitución de nuestros derechos, que no han tenido a lo largo de estos últimos años una respuesta satisfactoria, nos hacen reflexionar y constatar que las leyes antiterroristas provenientes del gobierno militar, las solicitan las propias autoridades regionales con el fin de encubrir su incapacidad a resolver y abordar los derechos políticos que como pueblo reclamamos.

En esta opción de movilización que hemos tomado, no trataremos de humanizar lo que ya esta deshumanizado, ni tampoco de buscar caminos intermedios, porque ya muchas gestiones hemos hecho y ellas hasta hoy se encuentran sin respuesta, como también muchas de las promesas que hemos recibido, tampoco se han cumplido.

Nuestros esfuerzos entonces lo encaminaremos a responder a este nuevo desafió que tenemos al frente, ocupando la calle, y demostrando de esta manera que no estamos dispuestos a desaparecer y ello aunque los sustentadores del poder crean que estamos de sobra.

Frente a todos estos oscuros presagios, sentimos también el deber moral de señalar a la opinión publica que esto que se llama Chile nació en nuestra provincia de Arauco, y que ello fue reconocido por la misma Corona de España en el Tratado de Quillin en 1641 y posteriormente confirmado en 29 otros Parlamentos y Tratados, varios de los cuales se sellaron en sectores que hoy ocupan nuestras comunidades de Arauco.

Somos entonces un pueblo con derecho a decidir nuestro propio destino, y en Arauco una Identidad Territorial que pretende preservar y restituir su territorio y luchar por todos los derechos que se nos han usurpado, y movilizarnos por preservar nuestra existencia, cada ves que las circunstancias así lo exijan.

TEMAS Y PROGRAMA DE ACCIÓN:

I. Aspecto histórico; la batalla de Tucapel:
El 25 de diciembre de 1553, el joven Toqui Leftraru (Lautaro) junto a Kalfulican (Caupolican), derrotan y dan muerte al conquistador general Don Pedro de Valdivia en las lomas de Licauquen, sector distante 7 kilómetros de la actual ciudad de Cañete. Este hecho militar atraviesa el tiempo conociéndose en la historia chilena como la batalla de Tucapel.

Como comunidades Lafkenches, herederas de este episodio histórico y a 449 años de ello, hemos tomado la decisión de iniciar nuestras movilizaciones, efectuando el día lunes 23 de diciembre a las 11 horas, una concentración publica en la plaza de Cañete.

En esta oportunidad honoraremos a todos nuestros héroes mapuches que lucharon por nuestra libertad, también saludaremos la memoria de todos los que han caído en defensa de nuestro suelo patrio; de Leftraru a Edmundo Alex Lemun.

De igual forma, solidarizaremos públicamente con todos los que hoy son reprimidos y encarcelados por defender nuestros derechos pisoteados; hermanos José Huenchunao Mariñán, Jaime Cona Tranamil y Víctor Ancalaf Yaupe.

Queremos también en esta ocasión, decirle a la opinión publica regional que el espíritu de Leftraru esta devuelta. Y que queremos que su memoria sea reconocida, para ello exigimos que el actual Museo Mapuche de Cañete lleve su nombre.

Para esto, hemos redactado una propuesta que entregaremos a la opinión publica y las autoridades locales y regionales, esperando al mismo tiempo que un día sus restos abandonados en Quebrada Valdez, en pleno Cerro Chilipirco (45 km de Curicó) donde libro su ultima batalla, sean repatriados al suelo de Arauco donde combatió y derrotó al invasor español.

II. La violencia institucional:
Queremos dejar muy bien establecido que quien institucionalizó una violencia contra nuestro pueblo, fue el Estado chileno, y esta la consumó con la llamada Pacificación de la Araucanía (1881-1883).

Después de esta empresa de invasión que condujo el coronel don Cornelio Saavedra, oficial del ejercito de la Pacificación, vimos como nuestro Lafkenmapu se lleno de colonos nacionales y extranjeros (Larroulet, Ebensperger, Del Pino, Dholats, Pierry, La-Fontaine, Venturelli, etc), los que terminaron apropiándose, con desmedida violencia, de nuestras mejores tierras, costa y recursos naturales.

Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se puso fin al proceso de reforma agraria iniciada en los años 1960 en Isla Pangal, la posterior adjudicación de estas tierras por parte de las Empresas forestales, es a nuestro juicio, una continuación de esa violencia que se iniciara en 1881.

En el caso del hermanos Edmundo Alex Lemún, los hechos nos señalan que su asesinato fue efectuado por una patrulla de Carabineros de Angol, dirigida por el Comisario de esta ciudad, Mayor Marco Aurelio Treuer, el que hasta hoy (y a pesar de la confirmación por parte de la Fiscal que investiga los hechos que la bala fue disparada, efectivamente, por carabineros), no hay ningún miembro de esa patrulla policial detenido, ni menos procesado.

Debemos recordar que lo mismo ocurrió en Tirúa, aquí Policías de Investigaciones de Lebu balearon a 4 hermanos del sector de Tirúa sur, pertenecientes a las comunidades de Comillahue y Tranicura, y hasta hoy no hay ninguno de los detectives implicados en el hecho (todos debidamente identificados) sometido a proceso.

Mientras tanto, ante movilizaciones de nuestras comunidades por la restitución de nuestros derechos territoriales, la primera autoridad regional, don Jaime Tohá, como el Gobernador de nuestra provincia, Rodrigo Peñailillo, han venido presentando ante tribunales de Cañete y Concepción, requerimientos judiciales en contra de muchos de nuestros dirigentes y luchadores lafkenches, ocasión en la cual los tribunales han entregando a las fuerzas policiales amplias facultades para investigar, también han solicitando en la mayoría de los casos la aplicación a nuestros dirigentes de la Ley antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, leyes que promulgara el antidemocrático gobierno militar.

Es así como estos Ministros en visita han encarcelado, fruto de estos requerimientos, a numerosos dirigentes, persecución que concluyen hoy con la detención y encarcelamiento de nuestros hermanos.

Pero pensamos que si esta violencia es institucional, solicitada y pedida por las propias autoridades regionales, son solo ellas las que deben anularlas, retirando desde tribunales los requerimientos que han presentado, para que de esa forma nuestros hermanos puedan recuperar su libertad y nuestros derechos respetados.

De no ser el caso, se convertirán en violadores de nuestros derechos y aplicadores de leyes pinochetistas que en periodo militar condenaban y calificaban de antidemocráticas.

Esta es nuestra postura y demanda más inmediata, y es lo que exigimos a las autoridades regionales, haciéndoles entender que judicializando el conflicto lo único que lograran es pisotear aun más nuestros derechos y que mientras esto exista, difícilmente podrá haber en la provincia de Arauco, paz social y un dialogo equitativo y justo.

La liberación de nuestros hermanos es una tarea de primera necesidad, tan importante como la restitución de nuestras tierras y derechos.

Por lo tanto, iniciaremos entre nuestras comunidades y en la opinión publica regional, una campaña de recolección de firmas, con el fin de pedir públicamente al Gobernador de Arauco, don Rodrigo Peñailillo y al Intendente regional, don Jaime Toha Gonzáles, que retiren de los tribunales de Concepción y Cañete, sus requerimientos que han presentado y que mantienen privados de su libertad a nuestros hermanos.

Esto porque consideramos que es una vergüenza nacional que dos autoridades que gozan de la confianza del Presidente de la republica, utilicen disposiciones judiciales de la era pinochetista, contrarias por naturaleza al sentir democrático ciudadano.

Una ves recolectadas las firmas de esta campaña que durará 25 días y que se desarrollará en nuestras comunidades y en sectores públicos de las 7 comunas de Arauco, mas la capital regional de Concepción, nos movilizaremos nuevamente para hacérselas entrega, sea en Labu la capital provincial o en Concepción la capital regional.

III. La organización de grupos de autodefensa de los agricultores de Arauco:
La violenta acción anti-mapuche de Hernán Trizano, resuena aun en muchas historias orales de nuestras comunidades, es por eso que con mucha preocupación y luego de haber recavado amplia información DENUNCIAMOS la constitución de grupos de autodefensa o brigadas de vigilancia, de los agricultores de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa.

Algunos de nuestros dirigentes han sido invitados por estos agricultores a participar a reuniones sectoriales, los que han incursionado un poco más allá de la simple reunión de información, han sido interrogados sobre la presencia y visita de extraños a su comunidad, sobre sus tendencias políticas y de apoyo a las recuperación de tierras, todo esto bajo la solapada existencia de cuatreros o ladrones de animales. También han sido interrogados sobre la existencia de armas que alguien en la comunidad pueda tener, estas han sido identificadas como fusiles, escopetas, revólveres u otras.

Posteriormente se señalan los puntos sensibles a resguardar, y en los cuales según ellos, se pueden producirse robos de animales, incendios de propiedades, de bosques o de camiones.

Finalmente, se les invita ha organizar patrullas nocturnas en sus sectores, las que efectúan armados, coordinándose entre sí y manteniéndose en contacto permanente con el dirigente máximo de los agricultores de Arauco, Enrique Venturelli, quien les asegura, que si se les pasa la mano, hay inmediatamente abogados para defenderlos.

Estos antecedentes recogidos en los sectores de Santa Ángela, Cayucupil, Lloncao, Collico y Huape de la comuna de Cañete, se complementan con los señalados en Tranaquepe, Cura, Quidico y Ponotro y Tirúa sur, sobre la existencia de estas Brigadas de vigilancia, constituidas por la ASOCIACION PROVINCIAL DE AGRICULTORES DE ARAUCO.

Los mismos que señalaran al diario La Voz de Arauco del mes de Septiembre 2002 que "solo unidos podremos recuperar la paz social, el orden publico y defendernos de los ladrones y criminales que asolan nuestros campos" (...) "Numerosos agricultores han sufrido la perdida de sus animales, robos, incendios y amenazas; sin que hasta la fecha los culpables hayan sido encarcelados y las bandas de delincuentes desbaratadas".

La creación de estos cuerpos de autodefensa, disfrazadas de comisiones de vigilancia contra el abigeato, son el resultado de una acuerdo provincial que tomara esta Asociación de agricultores en su reunión del sábado 5 de octubre 2002 en Cañete, y que hiciera público luego su Presidente Enrique Venturelli, cuando señala que "Desde ahora todos los caminos estarán vigilados por gente de civil durante la noche", lo que nos consta que lo han venido cumpliendo en numeroso puntos de las tres comunas señaladas.

Creemos que la presencia de este tipo de agrupación es realmente ilícita, ya que patrullan armadas, ejerciendo un control sobre la población local y sus actividades que realiza, lo que es atentatorio al derecho de privacidad que cada ciudadano debe tener en un régimen democrático, y por otro lado, terminan suplantando claramente a la fuerza publica, la única encargada en el país de garantizar el orden publico.

Ante estos hechos que señalamos consideramos que a la autoridad provincial debe investigar sobre el accionar de estas brigadas de vigilancia y luego proceder a su disolución, por tratarse de asociaciones ilícitas que tienen por finalidad menoscabar los derechos ciudadanos mapuches, de la misma manera como lo hizo Trizano.

IV. Restitución de tierras:
La guerra de invasión de nuestro territorio se consumó con la llamada Pacificación de la Araucanía (1881-1883). De los 31 millones de hectáreas que teníamos a la llegada del Conquistador, 10 millones fueron reconocida por la Corona de España, estas quedaron estampadas en las firmas de los Tratados concluidos con ellos.

Será posteriormente el Estado chileno, por intermedio de la Pacificación de la Araucanía, el que nos despojará de casi la totalidad de nuestras tierras, dejándonos solo con un 5 % de esos 10 millones que se nos habían reconocido.

Una vez consumada la invasión de las tierras del sur, será en nombre del ESTADO DE DERECHO NACIONAL CHILENO que se procederá a la instalación en nuestro territorio de colonos extranjeros, militares, particulares y más recientemente a Empresas Forestales, estas bajo la modalidad de remates subsidiados.

Sin embargo, nosotros como mapuche Lafkenche, no hemos renunciado nunca a nuestras tierras ancestrales, porque estas hacen parte de nuestro territorio histórico y porque en el se desarrolla nuestra vida y se vive nuestra cultura.

Los planes y programas que impulsa el Estado central, son completamente distantes de nuestro fondo cultural propio, es por eso que no se ajustan a nuestra realidad, provocando solo desorientación y ruptura de nuestro ordenamiento interno, esos planes desembocan en realidad en un verdadero y bien pensado etnocidio de nuestro pueblo.

En nuestra provincia de Arauco, el tema de nuestras tierras ocupa la primera prioridad en materia de lucha por nuestros derechos. Con el fin de restituirlas y recuperarlas se inició el 14 de noviembre del 2001 un proceso de dialogo con MEDIPLAN al que se integró a CONADI.

Este dialogo comprendía una demanda de restitución a 14 comunidades, las que incluían tierras de carácter antigua, sagradas y de reforma agraria. Los resultados de todo ello son solo parciales, materializándose la restitución de solo 385 hectáreas a las comunidades María Colipi Vda. De Maril y Ponotro de Tirúa.

Encontrándose por el momento con carpetas aprobadas, pero sin saber cuando se iniciará un proceso de compras que les beneficie, las comunidades Antonio Melita, Cacique Lloncao (Cañete) y Francisco Namuncura (Tirúa), todas demandas solicitadas bajo la modalidad de tierras en conflicto, articulo 20 letra b de la actual ley indígena 19.253.

Por otro lado, hay consenso para compra de tierras a las comunidades Anillen y Comillahue de Tirúa sur (tierras sagradas), ambas bajo la modalidad de subsidio. Finalmente, se encuentra en trámite de completar su carpeta la comunidad Los Maitenes del sector Huape en la comuna de Cañete.

Sin embargo, y a pesar de los acuerdos alcanzado con MIDEPLAN, el ex-director regional CONADI, Rubén Quilapi Cabrapán, fue incapaz de llegar a un acuerdo que calendarizara dichas compras, irresponsablemente busco miles de artimañas para ganar tiempo y de esta forma poder ser trasladado a Temuco, sin haber resulto el asunto.

Hoy, con el nuevo director regional, Juan Luis Lincoñir Gonzáles, todo nos indica que tomará varios meses antes de conocer el verdadero funcionamiento de la institución y que por lo tanto, difícilmente podrá ocuparse de este tipo de casos.

En este mismo aspecto, se han agregado a las demandas ya mencionadas las siguientes comunidades:
1. Comunidad Ponotro del sector Ponotro comuna de Tirúa, 80 hás del ex-Asentamiento Labranza.
2. Comunidad Esteban Yevilao del sector Choque comuna de Tirúa, 450 hás Lote H del ex-Asentamiento Tranaquepe.
3. Comunidad María Colipi Vda. de Maril, del sector Curapaillaco comuna de Tirúa, 499 hás. Lote Homero Vigeras y 750 hás., resto del predio Cura y Hospital, ambas superficies del ex-Asentamiento Labranza.
4. Pedro Catricura Epullan, del sector Cura comuna de Tirúa, 592,2 hás. Reserva Ebensperger del Pino, actualmente denominada Reserva Ballemann.
5. Comunidad Pallaco del sector Pallaco comuna de Tirúa, 2.919,9 hás. del ex-Asentamiento Pallaco.
6. Comunidad Santa Ángela, del sector Reputo comuna de Cañete, 812 hás., del ex-Asentamiento Santa Angela.
7. Comunidad Juan Meliman de Ponotro comuna de Cañete, 940 hás., del Fundo Peleco.
8. Comunidad Lautaro Cayucupil del sector Avellanal comuna de Cañete, compra insuficiente de 25 hás. para 13 familias en el año 1996, solicita ampliación. Actualmente existe en poder de CONADI Nacional el Momorándun Nº 136 del 11 de mayo de 2002, despachado por CONADI regional Cañete, sin que se tenga respuesta a la demanda.
9. Asociación de Comunidades del Valle de Elicura comuna de Contulmo, 450 hás del Cerro sagrado Tren-Tren, existe principio de acuerdo con Empresa forestal Arauco S.A. para entrega de este espacio sagrado. Ante esta situación inconclusa, las comunidades implicadas en este proceso, acuerdan, solicitar una reunión urgente al Subsecretario Jaime Andrade Huenchocoy y obtener definitivamente una calendarización de compras.

V. Borde costero:
Con la aprobación por parte del poder legislativo de la prorroga por 10 años de la Ley de pesca y acuicultura, nacen para los Lafkenche numerosas interrogantes que no han terminado de despejarse.

Es evidente que en ninguna norma jurídica actual, sea Ley indígena o Ley de pesca, nuestro particularismo Lafkenche queda definido y con ello reconocido, por lo tanto, es y debe ser uno de nuestros principales ejes de lucha.

Del debate contingente, una cosa debe quedarnos perfectamente clara, todos los macheros, pescadores artesanales y recolectores de orilla, junto a las comunidades que ya tienen reconocida y acordada su área de manejo, fueron engañadas por el Diputado Camilo Escalona.

Decimos que hubo engaño porque el gobierno, con el propio presidente Ricardo Lagos a la cabeza, promovió la prorroga por 10 años de la actual ley, y no la modificación que los mapuches y pescadores artesanales pretendíamos, postura que el diputado Escalona se comprometía a defender en la cámara y que para ellos nos llevo, incluso, a una entrevista con el propio presidente Ricardo Lagos en la Moneda, el que nos manifestó en esa oportunidad que iba a ver si había una posibilidad de modificar.

Ahora, conociendo mas detalles del tramite de esta Ley en el Congreso, nos queda clara la postura gubernamental, sabemos que el presidente y el diputado Escalona promovían la agenda pro-crecimiento, en la cual la prorroga por 10 años de esta ley de pesca era vital, vimos finalmente como para lograr sus fines, el propio presidente no dudó un instante en pedir respaldo a la UDI para hacerlo.

¿Podemos entonces considerar que un diputado gobiernista y presidente de uno de los principales partidos de la concertación, como lo es el PS, pudo haber votado contra su gobierno y respaldo nuestra postura como lo aseguraba?.

Creerlo, ha estas alturas de los acontecimientos y ya con todos los elementos en la mano, es realmente pecar de ingenuo.

Este episodio debe dejarnos como enseñanzas el hecho que ya no podemos seguir confiando en los profesionales de la política, los mismos que hoy arrastran esta sociedad hacia el túnel oscuro y sin salida como es el de la inmoralidad.

Por lo tanto, comunidades, macheros y pescadores artesanales que confiaron en esta operación del Diputado Escalona, le pediremos cuentas, de su actitud doble estándar, de igual manera a quienes le acompañaron en esta verdadera maniobra de utilización del movimiento Lafkenche.

VI. Reestructuración de CONADI regional Cañete:
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) es un organismo de Estado, sin embargo cuenta con una serie de disposiciones legas estipuladas en la Ley 19.253 que debieran permitir la participación indígena en su funcionamiento.

Sin embargo, en la medida que se ha venido desarrollando el conflicto en la zona, esta se ha visto rápidamente sobrepasada, primero porque quien ha tenido a cargo su dirección nunca ha sido un mapuche de la provincia y como es un cargo político, este siempre ha sido definido por la pertenencia al partido que le corresponde, por cuoteo.

Por lo tanto, siempre se ha dado una relación de desconfianza, ya que quien dirija siempre privilegiará los intereses de su partido, por sobre el interés general mapuche. De esta forma se crea un ambiente clientelar y las decisiones van encaminadas a captar adherentes que luego se transformaran, en periodo de elección, en un capital voto por el candidato del director regional.

Este hecho nos quedó a la vista en las últimas elecciones a Diputado, en esta oportunidad el director regional, Rubén Quilapi, hizo campaña entre las comunidades de manera descarada por su jefe, el señor Camilo Escalona, presidente de su partido.

La reestructuración de la corporación fue anunciada, precisamente, para permitir un funcionamiento con verdadera participación indígena, superar de esta forma las deficiencias que se le criticaban. Para realizar esta operación de reacomodo interno, incluso contó con un importante monto de dinero sacado del propio Programa Orígenes y ello con el fin de permitir una mayor contratación de profesionales y así posibilitar mayores niveles de participación de nuestras comunidades.

Sin embargo, no a sido el caso, nuestras sugerencias, como la de nombrar a un director regional Lafkenche, no fue considerada, se sigue prefiriendo el elemento externo, por sobre el local, don Juan Luis Lincoñir Gonzáles, el nuevo director regional, fue en tiempos pasados funcionario de INDAP Cañete y poco o casi nada tubo que ver con lo nuestro.

Por lo tanto, no es la carta que nos garantice un restablecimiento de las confianzas y no nos cabe la menor duda que su cargo seguirá siendo una palanca más con la que contará el diputado Camilo Escalona y con ello la Concertación, para manipular y utilizar en su beneficio nuestras comunidades.

De igual manera, la negativa de considerar nuestra propuesta de dar cumplimiento a la Ley indígena, por intermedio de la aplicación del articulo 45 y 46 que permite la participación de las comunidades por intermedio de la creación de un cuerpo asesor del director regional, llamado CONSEJO INDIGENA, es una señal que nos indica que la tal llamada reestructuración no es viable.

Se le teme quizás, que al cumplir las disposiciones que establece la ley, pierdan la posibilidad de utilizar el organismo en beneficio de sus mezquinos intereses, porque la "Letra a del Articulo 46" establece que este CONSEJO INDIGENA "Analizará las acciones, planes y programas que la Corporación ejecute en su jurisdicción". En su letra b "Hacer las sugerencias que estime conveniente, en especial, aquellas destinadas a coordinar la acción de los órganos del Estado en función del desarrollo indígena". En su letra c "Sugerir mecanismos de participación de los indígenas". Y finalmente en su letra d "Dar su opinión sobre todas aquellas materias que sean sometidas a su consideración".

Frente a este panorama y teniendo en cuenta que la CONADI no es un órgano de representación mapuche, nuestra opción es la de exigir que se trasparente su acción, de manera que la participación indígena, impida que se sigan cometiendo abusos de poder que contaminan el accionar de nuestros dirigentes.

Pensamos que en él ceno de la Corporación debe primar una verdadera vocación de Servicio publico, en el cual se sirva a nuestras comunidades y no que se sirvan y beneficien de ellas.

La designación de un Director regional Lafkenche, y el cumplimiento de los artículos 45 y 46, permitirían hablar de un principio real de reestructuración.

VII. Programa Orígenes:
Con el fin de controlar nuestros Espacios territoriales de patrimonio Lafkenche, el gobierno, por intermedio de sus organismos de Estado, ha lanzado una serie de medidas económicas en las cuales sobresale el publicitado PROGRAMA ORIGENES.

Su creación como tal, es el resultado de un acuerdo entre el B.I.D. y el Estado chileno, materializado en un préstamo por un monto de 130 millones de dólares, recursos que beneficiarían en forma prioritaria a las comunidades indígenas del país, sean estas: Aymaras, Atacameñas, Rapanui, Kawaskar y Mapuches.

En nuestra Provincia de Arauco, han sido integradas al programa en un primer periodo, un total 58 comunidades, principalmente las situadas en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Lleu-Lleu.

Es indudable que las grandes expectativas gubernamentales trasmitidas a nuestras comunidades, no han estado al alcance de las esperanzas que estas crearon, sobre todo cuando se les aseguró que recibirían millones de pesos. Cuando en realidad, solo tendrán acceso a pequeños montos que no satisfacen en ninguna medida sus expectativas iniciales.

Las consecuencias de la promoción monetarista que realizara tanto MIDEPLAN como CONADI, han provocado al interior de nuestras comunidades numerosos conflictos entre las propias familias, llegando incluso a producirse divisiones que han venido a debilitar y fraccionar su funcionamiento interno. Por otro lado, han aparecido actitudes coimeras y de compadrazgo de nuestros propios dirigentes, actitudes que por su puesto están siendo introducidas por este ente exterior.

El aspecto sociocultural del programa, y quizás la parte más significativa que este tiene, y que debiera concretarse con la formulación de un Plan de Desarrollo Comunitario (PDC), por cada comunidad beneficiada, no ha sido en absoluto valorizado como corresponde, aspecto que ha terminado por convertirse en un elemento completamente marginal del programa.

El criterio economicista que han privilegiado los promotores en la planificación de los proyectos, en realidad demuestra una falta de aplicación de una verdadera metodología participativa, en la que debían haber tomado parte dirigentes y comunidades.

No debemos extrañarnos entonces que todo esto halla permitido solo el desarrollo de una mirada corto-placista y monetaria del tema mapuche, por sobre una verdadera visión de futuro que este merece.

La inclusión al programa de las comunidades y asociaciones rurales que hasta hoy no han sido consideradas y que provienen principalmente de las comunas de Cañete, Los Alamos, Lebu y Arauco, se espera concretarlo en un segundo periodo. Pensamos que para ello se debe contar con un nuevo promotor y por la creación de sus propias consultoras, para que estas, conociendo su realidad, encausen, antes de privilegiar el aspecto monetario, un verdadero dialogo social de base, con el fin de definir los principales aspectos que formularían su PDC.

Se requiere entonces proponer a los responsables del programa que se contrate un nuevo promotor y que las comunidades constituyan su propio equipo consultor, tiendo como metodología de trabajo la participación de las comunidades por sectores, con el fin de realizar diagnósticos territoriales que posteriormente orienten sus PDC y de acuerdo a ello definan la utilización de sus recursos que se les asignen.

Dirigentes firmantes del presente documento:
" Juan Elías Cheuquelen Aniñir, comunidad Hueche, Los Alamos.
" Juan Abel Aniñir Catrilelbun, Asociación Rayen Mahuida, Los Alamos.
" Matilde Cheuquelen Aniñir, Asociación Quila Mapu, Los Alamos.
" Elba Puen, Asociación Aukinko, Los Alamos.
" Orfa Gladys Lican, Asociación urbana Lafkenche, Contulmo.
" Carlos Leviqueo, Asociación de comunidades del valle de Elicura, Contulmo.
" Daniel Maribur Cheuquelao, comunidad Lorenzo Huaiquivil, Contulmo.
" Manuel Maribir Cheuquelao, comunidad Lorenzo Huaiquivil, Contulmo.
" Mauricio Reynao, Asociación Peuma Ñi Mapu de Huallepen, Contulmo.
" Juan Segundo Huenupil, Lonko comunidad Comillahue, Tirúa sur.
" Teodoro Huenuman, Lonko comunidad Anillen, Tirúa sur.
" Denisio Maril Huenchuñir, comunidad Maria Colipi, Tirúa.
" Segundo Yevilao, comunidad Ponotro, Tirúa.
" Emilio Huchalao Huchalao, comunidad Francisco Namuncura, Tirúa.
" Pascual Yevilao Catril, comunidad Pedro Catricura Epullan, Tirúa.
" Miguel Segundo Ñehuey, comunidad Esteban Yevilao, Choque/Tirúa.
" Juan Cárilao, Comunidad Esteban Yevilao, Choque/Tirúa.
" Gladys Huenuman, comunidad Venancio Ñehuey, Tirúa.
" Victor Liguempi, Asociación de Jóvenes Lafkenches, Tirúa.
" Rosa Chanqueo, Asociación urbana Koñi Mapu, Lebu.
" Roberto Cayupan Paine, Paicavi grande, Cañete.
" Luis Llanquilef Rerequeo, Centro Kimun Amuy, Cañete.
" Segundo Viluñir, comunidad Pascual Coña, Cañete.
" Roberto Almendras Quintrileo, comunidad Ignacio Llancapan, Cañete.
" Pascual Huenchuleo, comunidad Los Maitenes, Cañete.
" Mauricio Huenullan Huentuleo, comunidad Los Maitenes, Cañete.
" Eduardo Huenul, comunidad Cacique Lloncao, Cañete.
" Juan Antiman Trango, comunidad Lautaro Cayucupil, Cañete.
" Eliana Cruces Leviqueo, comunidad Antonio Leviqueo, Caillín/Cañete.
" Froilán Cruces F., comunidad Antonio leviqueo, Caillín/Cañete.
" Mario del Poso, comunidad Antonio Leviqueo, Caillín/Cañete.

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