Agustin Edwards, el intocable
Por: Manuel Cabieses Donoso (Punto Final)
(Publicado: 09/07/2003)
'Los periodistas están al servicio
de la verdad, los principios democráticos y los derechos
humanos'. (Art. 1º del Código de Etica del Colegio de
Periodistas de Chile).
El 9 de enero
del 2001 el director de Punto Final, Manuel Cabieses Donoso, solicitó
al Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas que abriera
un sumario para expulsar a Agustín Edwards Eastman,
propietario de El Mercurio, por su responsabilidad en el golpe de
Estado de 1973. Edwards -inscrito en el Colegio de Periodistas con
el número 88-, merece ser expulsado -sostiene el acusador-
porque su conducta configura una grave violación del Código
de Etica del Colegio. Han pasado más de dos años y
el sumario contra el poderoso empresario periodístico no
se ha iniciado. El convencimiento de que no hay condiciones en el
ámbito gremial para investigar la conducta de Edwards, lleva
al director de PF a hacer público lo que durante 28 meses
se mantuvo en el marco de un procedimiento estatutario que no ha
funcionado.
La acusación a Agustín Edwards,
formulada en enero del 2001, señala que su responsabilidad
en la conspiración que llevó al derrocamiento del
presidente Allende ha quedado establecida en el Informe Church del
Senado norteamericano, en los documentos desclasificados de la CIA,
en las memorias del ex secretario de Estado Henry Kissinger, en
testimonios de ex altos funcionarios de la Administración
Nixon, y en trabajos de investigación periodística
como El precio del poder de Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer
en EE.UU.
'Esta información -dice la acusación
ante el Colegio de Periodistas- señala que Edwards abandonó
Chile pocos días después de la victoria electoral
del Dr. Salvador Allende, en septiembre de 1970. En EE.UU. inició
gestiones en las que fue apoyado por Donald Kendall, presidente
de la transnacional Pepsi Cola, quien tenía contacto directo
con el gobierno republicano. Kendall y Edwards fueron recibidos
por el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca el 14 de septiembre
de 1970. En esa reunión participaron también el secretario
de Estado Henry Kissinger y el fiscal general, John Mitchell. Agustín
Edwards les hizo un análisis de la amenaza que, según
él, significaba el triunfo de Allende para los intereses
norteamericanos en Chile. Su exposición culminó pidiendo
la intervención del gobierno de EE.UU. para impedir que Allende
asumiera la presidencia de la República en noviembre de ese
año, o para producir luego su derrocamiento. Nixon -según
los testimonios- se mostró muy impresionado con los argumentos
de Edwards y ordenó de inmediato al director de la CIA, Richard
Helms, que se reuniera con Edwards y Kendall para discutir las acciones
a emprender en Chile. Esa reunión se hizo al día siguiente
y en la noche Nixon volvió a reunirse con Kissinger, Mitchell
y Helms, a quienes ordenó actuar contra Allende, acogiendo
la petición y sugerencias de Edwards'.
'Como se sabe, la conspiración financiada
y asesorada por la CIA -que incluyó el asesinato del comandante
en jefe del ejército, general René Schneider, y el
cohecho de parlamentarios que votarían en el Congreso Pleno-
no logró impedir que el Dr. Allende asumiera el 3 de noviembre
de 1970. El gobierno de EE.UU. pasó entonces a la segunda
fase del plan, promoviendo y financiando la campaña de desestabilización
del gobierno constitucional de Chile. Edwards asumió una
vicepresidencia en la Pepsi Cola y no regresó a Chile hasta
después del golpe de Estado. Durante el período 70-73,
como señalan los documentos desclasificados de la CIA, algunos
partidos políticos, entidades gremiales, medios de prensa,
etc., recibieron cuantiosos fondos clandestinos. El diario El Mercurio
recibió más de un millón y medio de dólares
por su rol en la conspiración contra la democracia chilena.
Estos hechos jamás han sido desmentidos por Agustín
Edwards, que no podría hacerlo por la seriedad de las fuentes.
Ex funcionarios de El Mercurio, como Fernando Léniz, han
admitido que el diario 'pudo' recibir dinero de la CIA 'ignorando'
su procedencia'.
Más adelante la denuncia señala
que existe 'el deber de abrir esta investigación y sancionar
a Agustín Edwards con la expulsión del Colegio de
Periodistas. Nuestra institución, que sustenta claros principios
democráticos, no puede admitir a alguien que ha violado en
forma tan grave -y con consecuencias tan trágicas para el
país- los artículos 1, 5 y 28, entre otros, del Código
de Etica de los periodistas. Estoy consciente que la expulsión
de Edwards del Colegio de Periodistas sería sólo una
sanción moral. Su conducta antipatriótica y criminal
merecería un castigo verdaderamente ejemplar. Sin embargo,
el país vive todavía bajo el imperio de los poderes
fácticos -el propio Edwards es uno de ellos- que provocaron
la tragedia nacional que costó miles de ejecutados, detenidos
desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados políticos,
etc. En otras circunstancias o en países donde todos los
ciudadanos son iguales ante la ley, Agustín Edwards sería
juzgado por traición a la patria y complicidad en los crímenes
atroces cometidos por las FF.AA. y Carabineros. La misma suerte
correrían otros empresarios y políticos chilenos que
también fueron agentes de una potencia extranjera para pisotear
la Constitución y las leyes de nuestro país. No obstante,
el Colegio de Periodistas de Chile, en un gesto que sin duda reconocería
el país, puede sancionar de alguna manera la vergonzosa conducta
de Agustín Edwards, aplicándole el rigor de sus estatutos
y Código de Etica'.
Una semana después, el 16 de enero
del 2001, se entregaron al Consejo Metropolitano del Colegio de
Periodistas diversos documentos que respaldaban la acusación.
Entre otros el boletín del Senado norteamericano titulado
Covert Action in Chile 1963-73, más conocido como Informe
Church; la revista The Atlantic Monthly que reproduce el capítulo
'Kissinger, Nixon y Chile' del libro The Price of Power de Seymour
M. Hersh, de especial importancia pues registra que Agustín
Edwards era 'el principal contacto para la CIA y las corporaciones
de negocios estadounidenses'; un ejemplar del Informe Hinchey de
la Cámara de Representantes de EE.UU. que obligó a
la CIA a desclasificar documentos que revelan el financiamiento
que entregaba a la empresa de Edwards; el libro Frei, Allende y
la mano de la CIA, compilación y traducción de informes
del Senado norteamericano del periodista chileno Cristián
Opaso (al que se sumaría el libro de Opaso y Armando Uribe
sobre la intervención norteamericana en Chile).
El 18 de enero del 2001 se adjuntaron nuevos
documentos, entre ellos algunos capítulos del libro Mis Memorias
de Henry Kissinger, que se refieren a la participación de
Edwards en la conspiración contra Allende, y del libro La
Conjura de la periodista chilena Mónica González.
Más tarde se agregó la versión de La Tercera
(27 de octubre del 2002) sobre las memorias de David Rockefeller,
íntimo amigo de Edwards, quien lo puso en contacto con Henry
Kissinger incluso antes que Allende ganara las elecciones de 1970.
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas
designó al consejero Juan Domingo Silva Reyes para establecer
la pertinencia del sumario contra Edwards. El 21 de abril del 2001,
ese consejero recomendó abrir la 'investigación sumaria
sobre la conducta del Sr. Edwards Eastman y que se constituya una
comisión ad hoc que revise el comportamiento de la prensa
(periodistas y medios) en el período de los años 70
y su responsabilidad en los acontecimientos (pre y post golpe de
Estado)'. Sin embargo, el tiempo pasó sin que se iniciara
el sumario. El 30 de septiembre del 2002 el Tribunal de Etica y
Disciplina de la Región Metropolitana (Tred) comunicó
al denunciante su decisión de 'declararse incompetente para
conocer el caso'. El 2 de octubre, el denunciante recurrió
al Tribunal Nacional de Etica del Colegio de Periodistas, solicitándole
que ordenara al Tribunal Metropolitano abrir el sumario ya que existían
antecedentes suficientes para hacerlo. El 30 de octubre del 2002
el Tribunal Nacional adoptó la resolución Nº
1-10-02 disponiendo 'la apertura del proceso correspondiente en
el caso Cabieses vs. Edwards, de acuerdo a la normativa vigente'.
Firmaron esa resolución: Lidia Baltra Montaner, presidenta;
Felidor Contreras Muñoz, secretario general; y los jurados
Jorge Donoso Pacheco, Guillermo Hormazábal Salgado y Guillermo
Sandoval Vásquez.
Sin embargo, el Tribunal Metropolitano del
Colegio de Periodistas sigue agobiado por problemas de funcionamiento
que le impiden iniciar el sumario contra el dueño de la empresa
El Mercurio.
Hacer pública esta denuncia constituye
un último recurso a la conciencia de los ciudadanos y, en
particular, de los periodistas. Que sean ellos los que juzguen a
Agustín Edwards.
Subir
|