EN CHILE NO HAY LIBERTAD DE EXPRESION
El Duopolio El Mercurio-La Tercera controla
la prensa escrita
Por: Ernesto Carmona (Agencia Nacional de
Comunicación - UTPBA) (Publicado: 30/01/2003)
Desde Chile se analiza la actividad de los monopolios periodísticos
y la falta de libertad de prensa por la acción de esos monopolios
y la mediocridad del gobierno de la concertación.
Dos empresas monopolizan la prensa escrita en Chile. Hubo 'más
libertad de expresión' durante los últimos años
de dictadura militar, con dos diarios de oposición -Fortín
Mapocho y La Epoca- y numerosas revistas, que en la 'transición
a la democracia' administrada desde 1990 por tres gobiernos sucesivos
de la Concertación, la coalición demócratacristiana
- socialdemócrata que negoció el término del
régimen castrense con los mismos sectores de la sociedad
que impusieron a los militares con el golpe de 1973.
Los conglomerados mediáticos que individualizan
El Mercurio y La Tercera, sus diarios insignia de circulación
nacional, son los grandes portavoces ideológicos del modelo
económico en boga, sustentado con gran entusiasmo por sus
respectivos propietarios, Agustín Edwards Eastman y el banquero
Alvaro Saieh Bendeck, al unísono con todo el mundo empresarial
y la mayoría de la clase política.
El duopolio de la prensa escrita -además-
pone diariamente en circulación centenares de toneladas de
papel transformado en revistas, publicaciones deportivas y de farándula,
insertos comerciales, diarios en jerga popular (La Cuarta) y una
quincena de órganos regionales de gran influencia cotidiana,
formadores de opinión en las ciudades más importantes.
¿Quién es quién en
los diarios?
En el pasado reciente, Edwards encabezó
un poderoso grupo económico con algún liderazgo en
los sectores financiero (Banco de Agustín Edwards) y servicios
(bebidas gaseosas y cerveza), pero su conglomerado -curiosamente-
colapsó durante la dictadura. Un generoso salvavidas financiero
del Estado, es decir, con cargo a todos los contribuyentes chilenos,
le permitió salvar la rama mediática. Desde entonces
está concentrado, casi exclusivamente, en impartir a diario
su 'sabia orientación' a la clase política y a la
opinión pública general. 'Casi exclusivamente', porque
también ejerce una vocación político-policíaca
a través de su organización Paz Ciudadana, consultora
del ministerio del Interior en temas de represión a la delincuencia.
Saieh, que durante el régimen castrense
sólo era un académico en economía, decano de
la Universidad de Chile, derivó en banquero y propietario
del holding Consorcio Periodístico de Chile S.A (Copesa).
El conglomerado también fue auxiliado en su quiebra inminente
por el generoso Estado, esta vez durante el gobierno de Patricio
Aylwin Azócar, el primero de la Concertación por la
Democracia, la alianza que lleva 12 años administrando -al
parecer con más eficacia que los uniformados- el modelo económico
de sociedad impuesto por las Fuerzas Armadas. Saieh también
controla CorpBanca, organización financiera con ramificaciones
importantes en Venezuela y -menores- en Argentina, a través
de su participación -mínima- en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA). Sigue cultivando la vena académica, ahora
con universidad propia, la Andrés Bello (10.700 alumnos)
¿De adónde pecatas meas?
En los últimos 12 años, Chile
-15 millones de habitantes- gastó un promedio anual de US$
500 millones en publicidad en medios de comunicación (televisión,
prensa de papel y radio), US$ 33,3 por habitante, según el
informe de Guillermo Torres Gaona, presidente del Colegio de Periodistas,
ante el Coloquio El Temor a la Libertad de Expresión, convocado
esta semana por esa organización. Los medios escritos absorbieron
cada año US$ 220 millones, o sea, el 44% del gasto. El Mercurio
y Copesa devoraron el 86%, US$ 190 millones.
La mayor parte de 'la torta' benefició
a los 'cuatro grandes' de la televisión, cuya señal
llega a todo el país. Canal 13 pertenece al Vaticano, a través
de la Pontificia Universidad Católica, de orientación
conservadora. Televisión Nacional de Chile (TVN) es propiedad
del Estado, por lo tanto está controlada por la Concertación,
en este caso con hegemonía DC, pero la maneja un directorio
'de consenso' con predominio interno de los grandes grupos económicos
y los dos partidos de derecha (Unión Demócrata Independiente
y Renovación Nacional), sustitutos del pinochetismo, cadáver
que abandonaron con insólita celeridad.
Megavisión es de Ricardo Claro Valdés,
jefe del quinto grupo económico del país, vinculado
con los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica
y censor implacable de contenidos, en especial de las películas
programadas en su red de cable Metrópolis Intercom. Además,
posee El Diario, cotidiano especializado en economía y negocios.
Chilevisión, el cuarto gran canal de sintonía nacional,
fue vendido por la Universidad de Chile a Claxon Interactive Group,
cuyos hilos conduce el venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, el
hombre más rico de América del Sur, controlador de
un conglomerado mediático continental, en alianza con American
On Line (AOL), dueño de Venevisión de Caracas -sede
informal 'de gobierno' durante el efímero golpe del 11 de
abril de 2002- y de Univisión, la cadena hispana más
poderosa de Estados Unidos, entre muchísimos otros negocios.
Probablemente, por la naturaleza de su propiedad y la filiación
de extrema derecha de Cisneros, Chilevisión exhibe mayor
independencia que los demás canales ante el gobierno, pero
no respecto de los poderosos grupos económicos que controlan
el país y, obviamente, tergiversa todo lo que ocurre en Venezuela.
En Chile posee, además, 8 radioemisoras dedicadas al negocio
de la música, sin noticias.
El lado flaco del embudo
Otras 16 pequeñas estaciones regionales
de TV acceden a un pequeño pedazo de 'la torta'. Las migajas
se las disputan 1.200 emisoras de radio, que siguen siendo el medio
más atendido por el público después de la tele.
La prensa escrita llega sólo a un quinto de la población
interesada en los medios. El Estado también tiene una cuota
de responsabilidad, aunque su gasto anual en publicidad en 2002
ascendió a sólo US$ 18 millones, un 3,6% de los US$
500 millones globales. Pero el 70% de ese gasto gubernamental fue
absorbido por el dúo El Mercurio y La Tercera.
La estructura de la propiedad de los medios
y su manejo ideologizado someten al país a una suerte de
monoteísmo obligatorio, con una sola voz, una sola opinión,
un solo culto. Como en el culto al Becerro de Oro, la adoración
casi totalitaria al modelo no tolera críticas, por leves
que sean. Asimismo, los grandes intereses que sustentan a los medios
deciden qué es noticia y qué debe someterse o no al
debate público. Se ignoran grandes temas cruciales, como
es la situación del cobre, el principal recurso natural,
nacionalizado por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador
Allende Gossen, y ahora de nuevo propiedad de corporaciones extranjeras
en 70%, aunque a diferencia del pasado las transnacionales hoy ni
siquiera tributan por llevárselo y han provocado una sobreproducción
mundial que hizo caer los precios internacionales en perjuicio del
30% del metal nacionalizado que aún explota el Estado. Los
temas sociales, los conflictos de los trabajadores y prácticamente
todas las huelgas tampoco constituyen 'noticia' y, por lo tanto,
están ausentes de los medios.
Radios 'alternativas'
En la otra cara de la medalla están
los medios llamados 'alternativos', que no responden al gran capital.
Es una reedición del mito de David y Goliath. También
recuerda al Sísifo de la mitología griega. Sólo
tres radioemisoras de alcance metropolitano (Santiago y sus alrededores,
o sea, 6,4 millones de habitantes) emiten noticias y programas de
discusión con intercambio de ideas utilizando un criterio
distinto al de los grandes medios, la mayoría en la banda
amplitud modulada, AM (la más oída es la FM): Radio
Nuevo Mundo, del partido Comunista; Radio Tierra, de una corporación
de mujeres; y Radio Universidad de Chile (FM).
Entre las grandes radios de sintonía
nacional especializadas en noticias y opinión plural, un
periodismo que toma en cuenta a todos los protagonistas de la 'noticia',
sobreviven Cooperativa, de gran importancia durante la lucha contra
la dictadura, controlada por el co-gobernante partido Demócrata
Cristiano, y Radio Bío Bío, cuyos contenidos más
críticos suelen cumplir su eslogan 'Somos independientes,
independientes de verdad', aunque frecuentemente utiliza el sustantivo
'antisociales' como sinónimo de 'indígenas' en el
tratamiento del conflicto mapuche, que enfrenta a las grandes empresas
eléctricas y madereras -además de terrófagas-
con los habitantes naturales de la Araucanía.
La 'otredad' es débil
Entre los 'otros' medios impresos, los 'alternativos',
con una postura crítica desde posiciones progresistas, descuellan
el quincenario independiente The Clinic, el de mayor circulación,
con 60 mil ejemplares. Con tirajes de alrededor de 10 mil copias
le siguen le siguen las revistas Punto Final, heroica publicación
de izquierda que nació en los años 60; El Periodista,
influida por sectores 'izquierdistas' del partido Socialista -ambas
de aparición bimensual-; y el mensuario Le Monde Diplomatique,
que reproduce la edición argentina más algunas página
locales con el editorial, comentarios de libros y actividades del
capítulo de Attac.
También existen los semanarios Siete+7,
de orientación demócrata cristiana y gobiernista;
La Firme, 13 mil ejemplares de una clara posición de izquierda
y anti-neoliberalismo; y El Siglo, órgano tradicional del
partido Comunista que en sus mejores tiempos fue un rotativo de
circulación nacional, hasta 1973.
Excepto Siete+7, ninguna de estas publicaciones
disfruta de ingresos por publicidad. A la hora de distribuir avisos,
no son tomadas en cuenta por las agencias que manejan la publicidad
de los sectores empresarial y gubernamental, cuyo criterio discriminatorio
no responde a las cifras de circulación. Como no existe equidad
en la distribución de publicidad, estos medios alternativos
-en el fondo, pequeñas empresas periodísticas- subsisten
en difíciles condiciones.
La libertad de expresión en Chile
también está condicionada por los resultados económicos.
Recientemente desapareció el mensuario La Huella, después
de un año exacto de excelente circulación. Y es que
la venta en kioscos, salvo en el caso de The Clinic, no cubre los
costos de estas fuentes de trabajo para los periodistas. Para Guillermo
Torres Gaona, presidente del Colegio de Periodistas, 'la plena vigencia
de la libertad de expresión, respecto al ejercicio del periodismo
y las libertades de información y opinión, encuentra
uno de los principales obstáculos en la estructura de propiedad
de los medios de comunicación'. 'En el caso de la prensa
escrita -formadora de opinión- los dos oligopolios (El Mercurio
y Copesa) condicionan las pautas temáticas, imponen un sistema
que restringe el pluralismo y limita el derecho de todos a la libre
información, dijo.
Hacia el Estatuto del Periodista
La libertad de expresión en Chile
no es un tema de interés exclusivo para los periodistas y
propietarios de medios -más bien compete a toda la sociedad,
incluidas sus organizaciones-, pero los trabajadores de la información
constituyen el eslabón más vulnerable. 'Los periodistas,
como consecuencia de este sistema, perciben bajos salarios y se
desempeñan en condiciones laborales estresantes', afirmó
Torres Gaona. La mayoría subsiste con empleos precarios -a
honorarios o a 'destajo'-, sin vínculo laboral con prestaciones
sociales, y con régimen part-time, huérfanos de derechos
previsionales y sociales. 'Es por ello que el Colegio de Periodistas
está planteando la formulación estratégica
de asegurar derechos y garantías a través de un Estatuto
del Periodista', dijo Torres.
En Chile prácticamente no existen
limitaciones 'jurídicas' a la libertad de expresión,
salvo algunas disposiciones trasnochadas que todavía subsisten
en los códigos Militar y de Procedimiento Penal, relativamente
fáciles de abolir si existiera voluntad política.
Un obstáculo más grave es la conducta de los poderes
públicos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que durante
2002 limitaron el libre acceso de todos los medios a las fuentes
informativas. Los Tribunales de Justicia establecieron en dos oportunidades
propuestas de condena atentatorias a los tratados internacionales
sobre libertad de expresión suscritos por este país.
Las limitaciones a la libertad de expresión
persisten en Chile pese a que en 2002 se eliminó la censura
y el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto para
derogar leyes de 'desacato' que penalizan las críticas a
las autoridades públicas, indicó Torres.
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